En el año que transcurre, en América Latina se han dado cuatro procesos electorales presidenciales (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá), y están pendientes elecciones en otros tres (Bolivia, Brasil y Uruguay).
En dos de las elecciones celebradas los resultados electorales mantuvieron al mismo partido en el gobierno (en El Salvador, a diferencia de Colombia, como no hay reelección inmediata, el Partido Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que retuvo el poder, con un nuevo candidato), y en otras dos, Costa Rica y Panamá, los votantes decidieron cambiar de partido político y desde luego de presidente. En las elecciones pendientes, todo indica que en Bolivia será reelegido el actual presidente, mientras se han abierto dudas que la presidenta Dilma Rousseff pueda ser reelegida en Brasil, y la misma incertidumbre corre la candidatura del expresidente Tabaré Vázquez, del mismo partido que el actual presidente Mujica, en el Uruguay.
Como en esos países los votos se cuentan bien, las elecciones generan la natural incertidumbre vinculada a la posibilidad de la alternancia en el poder. En verdad, la posibilidad de la alternancia termina siendo la esencia de la democracia. Lo interesante, sin embargo, es que en ninguno de esos países la posibilidad de la alternancia se ha visto como algo que pueda poner en riesgo la estabilidad del país. Y en todos los casos, sin poner en riesgo la estabilidad, se han extraído todas las consecuencias virtuosas de la alternancia, o de la simple posibilidad de la alternancia.
Incluso en Costa Rica, donde se rompió el paralelismo histórico entre dos partidos políticos dominantes (Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana) que dieron a ese país varias décadas de estabilidad y de una básica continuidad de las políticas económicas y sociales, el surgimiento de una candidatura de ruptura en el sentido tradicional, la del candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, ha significado riesgo para la estabilidad del país.
El tema resulta pertinente porque en sectores de la sociedad nicaragüense se ha instalado la noción de que la única estabilidad posible es la que ofrece Ortega, al costo de que se ha desmantelado el sistema electoral, eliminado la competencia política democrática y destruido el incipiente Estado de Derecho. En este contexto, resulta apreciable que con motivo de la celebración del Día del Empresario, los dirigentes del sector privado hayan reiterado las reclamaciones para tener un sistema electoral confiable y creíble.
Un gobierno sometido a la posibilidad de la alternancia, a través de elecciones, tiene el incentivo para ser mínimamente responsable ante los reclamos de la sociedad. No es el caso de Nicaragua, como se puede ver por una noticia y una reclamación reciente que, seguramente, estaba en el registro de los antecedentes que ha tenido en cuenta el sector privado cuando demanda elecciones democráticas.
Según el Gobierno, ahora sí va el proyecto hidroeléctrico Tumarín, pero las condiciones negociadas —entre ellas la tarifa— el Gobierno se niega a hacerlas públicas pese al reclamo del sector privado, con lo cual los nicaragüenses no sabemos cuáles serán los beneficios que obtendremos en términos de tarifa y consecuentemente de posibilidades de inversión, cambio de productividad y generación de empleos. Tampoco podemos saber, ante el secretismo de esas negociaciones, por qué razón los montos de inversión por unidad de capacidad instalada (mgw) en Tumarín son sustancialmente superiores a los del proyecto Boboqué que, entre gallos y medianoche, y sin consultar a nadie, se le agregó a la concesión de los empresarios beneficiarios de Tumarín.
Lo anterior, solamente para ilustrar el costo presente que tiene la “estabilidad” de Ortega, que reside precisamente en haber eliminado la posibilidad de la alternabilidad a través de elecciones. Un gobernante sujeto al riesgo de perder el poder sería más cauteloso, pues para empezar su propio partido no unciría el carro de su destino a sus arbitrariedades y abusos.
Pero si la “estabilidad” de Ortega tiene costos presentes, sus costos futuros son mayores pues cuando se cierra la posibilidad de la alternabilidad a través de elecciones, solamente va quedando la alternabilidad a través del conflicto que, por definición, genera inestabilidad.
Con Ortega perdemos hoy, y más perderemos en el futuro. El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
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