Amalia Morales
Una de las reglas del gobierno comunal de Little Corn Island atañe a la seguridad. Esa instancia practica un método sencillo de seguridad que garantiza la paz a lo largo de sus 2.5 kilómetros de extensión, el que según sus autoridades, no atenta contra el principio constitucional que permite la circulación por todo el territorio. Al que se porta mal, lo echan. Puede ser desterrado por un mes, seis meses o un año. Se sanciona según la falta que se cometa.
“La Constitución dice que hay derecho de circular por todo el territorio, pero no dice que puede venir a hacer lo que quiere”, dice Winston Downs, del gobierno comunal de esta pequeña isla, que se avista desde Corn Island como un promontorio verde que sobresale en un mar celeste.
Downs ejerce como coordinador del gobierno comunal, una instancia que se constituyó desde enero en la islita y que es reconocida por la Ley 445 de “régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”.
En la islita hay solo dos policías. Se puede pensar que no es mucho, pero Downs explica que cuando alguien da problemas en este caserío de 1,300 habitantes —entre los fijos y los que van y vienen— se activa una red de colaboradores civiles que tienen permiso de arrestar a los insolentes y llevarlos hasta la Policía.
“Trabajan mano a mano con la Policía”, explica Downs, quien asegura que los pobladores de la isla “no son ladrones”, pero en los últimos años “han surgido algunos problemitas con la droga”.
CUANDO NO HABÍA NADA
Hace cincuenta años, en la islita no habían más de 12 casas. Tampoco había escuela, ni luz, ni centro de salud ni los hoteles que hay ahora. Había una iglesia multiusos en la que se impartía clases y una sola profesora se encargaba de enseñar a los alumnos de primero a sexto grado.
“En ese tiempo como que no éramos parte del país… la visita del Gobierno era por allá y cuando querían algo”, recuerda Downs.
El abandono institucional los obligó a organizarse. Crearon un movimiento comunal. Recogieron fondos entre la comunidad y poco a poco aparecieron las aulas de clases, las enfermeras, algunos andenes. Cuando hay un caso de gravedad algunas pangas privadas operan como ambulancias y trasladan a los enfermos a Corn Island.
En los últimos 18 años han tenido luz. En este momento es muy costoso mantenerlo y solo dura 15 horas, de una de la tarde a seis de la mañana.
HUMEDAL CON ARENA
Hace pocos años, un estudio diagnosticó que cuando la islita creciera y sobrepasara los 300 habitantes tendría problemas con el agua. Ahora, que la población es tres veces mayor, Downs dice que descubrieron que el humedal, que aporta el agua dulce que beben en la islita se estaba llenando de sedimento. Comenzaron a limpiarlo y han sacado toneladas de arena, pero para proteger el manto acuífero, el gobierno comunal acordó que por un tiempo no se construirán más negocios en isla.
“Han venido negocios que quieren instalar piscinas y cabañas y se les dice que no se puede”, explica Nasira Estrada, secretaria del gobierno comunal.
Esta decisión no riñe con el respeto a la propiedad privada, dicen las autoridades, alguien puede vender pero no construir negocios, una vivienda puede que sí, pero hasta eso se lo evalúa el gobierno comunal que quiere evitar la sobrepoblación de esta isla.
También quieren evitar que los negocios queden en manos de extranjeros.
En este momento, de los 16 hostales y hoteles, 11 pertenecen a nativos. Desde que la pesca se cayó, hace seis años, gran parte de las 41 pangas prestan distintos servicios al turismo.
Las autoridades del gobierno comunal dicen que no hay choques con las autoridades municipales de Corn Island. Que de hecho fue el alcalde Cleveland Webster, quien les pidió que se constituyeran como gobierno comunal. Los isleños no creen que haya razones para tener diferencias.
“Son dos islas distintas pero como isleños tenemos las mismas necesidades”, dice Downs.
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