Los miembros del sandinismo (ahora orteguismo) son los que siempre se han identificado con la cultura de violencia, desde que irrumpieron en escena en la década de los sesenta del siglo pasado. En otras palabras, el “fueyte” —como decía Peyeyeque— de ese grupo político-militar ha sido la violación de todo tipo de leyes nacionales y naturales.
La pena de muerte no existe en la legislación nicaragüense, pero todo mundo sabe que Daniel Ortega y su séquito le han aplicado esta pena a tanta gente, incluyendo a miembros de sus propias filas. Comenzaron en los años sesenta con los ajusticiamientos a elementos somocistas, después entraron de lleno a la guerra, que no es nada más que muerte en masa. Luego en los años noventa, por diversas razones, continuaron aplicando esta pena en forma selectiva.
Liquidaron a Anastasio Somoza Debayle, a Jorge Salazar, Enrique Bermúdez, Arges Sequeira, Carlos Guadamuz, y la ristra es tan larga que no cabría en este espacio porque esos fueron blancos escogidos, mientras que hay muchos otros, como los muertos en la operación “Navidad Roja”, que de seguro superan la lista a manos de la familia Somoza, pese a que esa dictadura duró mucho más tiempo.
Ahora, con el nuevo estilo de gobernar, desde los primeros días después de asumir de nuevo la Presidencia en el 2007, el gobierno orteguista empezó a armar la maquinaria totalitaria al recordarle al Ejército y la Policía que tenían que someterse a sus demoledores caprichos. Desde ese momento la cúpula gobernante se ha concentrado en apretar más las tuercas del poder para tenerlo bajo control absoluto.
Una de las principales actividades gubernamentales es organizar floreadas concentraciones nocturnas, cuyo propósito principal es hacerle propaganda a lo que hace el Gobierno y rendirle culto al binomio Ortega-Murillo. Todo lo demás ha sido secundario, tangencial, lo cual de por sí denota la manera de pensar, ser y actuar del titular del ejecutivo, no solo como persona sino que también como mandatario.
Nunca se ha preocupado —y menos ocupado— de trazar una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenido de la nación. Los recursos invertidos en movilizaciones y concentraciones —que no producen nada, más que militantes fanáticos del orteguismo— se pudieran invertir en proyectos productivos. ¿Medidas para resolver el problema de la roya en los cafetales? ¿Medidas para paliar los estragos de la sequía y tantos otros problemas angustiosos? Nada de eso contempla el Plan de Gobierno.
No se observa interés en mejorar el sistema educativo y el de salud ni en aumentar la cantidad y calidad de empleos y mejorar salarios y beneficios sociales. Según parece, el único interés reconocible es fortalecer los controles del poder por medio de canonjías, halagos, chantajes, amenazas o cualquier otro tipo de represión. El aparente interés y la dedicación sistemática ha sido estructurar el andamiaje para construir el poder totalitario y conservarlo “forever”, así tenga que violar la Constitución cuantas veces sea necesario. Si no se respeta la vida de los demás, mucho menos que se respete la Constitución.
¿Qué gana el pueblo y el país con que el actual presidente inconstitucional haya confesado públicamente ser indio, cristiano, fidelista y marxista? Por los hechos lo conoceréis. A Daniel Ortega se le recordará en la historia por la siguiente frase lapidaria: “La Constitución soy yo, ¿y qué?” Si todavía no la ha pronunciado, no hay que olvidar que su política ha sido “decir lo que no se hace y hacer lo que no se dice”. El autor fue sindicalista cristiano.
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