Después de los ataques que sufrieron simpatizantes oficialistas en el departamento de Matagalpa el 19 de julio, la primera comisionada Aminta Granera declaró en conferencia de prensa que no permitirá que nos arrebataran la paz, más recientemente el jefe del Ejército, general Julio César Avilés fue enfático al afirmar que no existen grupos armados en Nicaragua, pero admitió que la institución colabora para que estos hechos sean esclarecidos. El problema en estas declaraciones y actuaciones es que pueden acarrear consecuencias jurídicas desde el Derecho Internacional Humanitario para el Estado de Nicaragua.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el párrafo tercero de su preámbulo, el derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión, en consecuencia si una persona o grupo de personas en Nicaragua considera tirano, opresor o dictador a Daniel Ortega le asiste el derecho humano a la rebelión y esto no los convierte en delincuentes. Sin embargo, para que un grupo de personas sea grupo armado con motivaciones políticas (derrocar al gobierno) deben tener un mando organizado y respetar el Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho que protege personas y bienes en el contexto de un conflicto armado.
Otro elemento importante a destacar es que la existencia de un grupo armado, no significa que estemos en guerra. La existencia de un conflicto armado sin carácter internacional requiere que ese grupo armado realice operaciones militares sostenidas (periódicas) y concertadas (ataques simultáneos).
La existencia de un conflicto armado exige el reconocimiento por parte del Estado donde se desarrolla. Ese reconocimiento puede ser expreso o tácito, este último implica establecer mesas de negociación o el uso de las fuerzas armadas. Si un Estado reconoce la beligerancia de un grupo armado, lo que estos hagan es su responsabilidad, en cambio si no lo hace, es responsabilidad del Estado, ya que a este le corresponde garantizar la seguridad.
Le corresponde a la policía la investigación de hechos delictivos, y al ejército velar por la seguridad nacional, lo que significa que su intervención es legítima en la medida en que exista una amenaza a la integridad territorial o al orden constitucional del país.
Es comprensible que las autoridades nieguen y descalifiquen la existencia de un grupo armado, por ser políticamente inconveniente. Pero no hay que perder de vista que también es jurídicamente inconveniente que la jefa de la Policía hable de amenazas al quebrantamiento de la paz y que el jefe del ejército admita la colaboración de esta dependencia en la investigación de delitos. Es claro que no existe un conflicto armado sin carácter internacional, pero las declaraciones y actuaciones de las autoridades generan dudas si existe o no un grupo armado con fines políticos, lo que hace necesario el seguimiento de organismos internacionales.
Nadie quiere que en Nicaragua haya guerra, pero hay un par de hechos que deben ser motivo de preocupación. El primero es que en Nicaragua no se trabaja por una cultura de paz, por el contrario, el Gobierno insiste en vanagloriar la guerra civil de 1979 y abandonó un proceso de reconciliación auténtico. Por otra parte, también debe ser objeto de preocupación que Daniel Ortega gobierne de forma autoritaria negando la alternancia política por medio de la vía electoral, ya esta combinación nos torna una sociedad políticamente inestable. El autor es máster en Derechos Humanos
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