La Conferencia Episcopal de Nicaragua se encuentra reunida desde ayer, martes 29 de julio, en la ciudad de Juigalpa, cabecera departamental de Chontales.
Se trata de una reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal que se extenderá hasta mañana, jueves 31 de julio, en la cual los obispos no tenían previsto abordar la problemática política y social del país, solo asuntos de interés eclesiástico. Así lo dijo a LA PRENSA una fuente de la misma Conferencia Episcopal y lo informamos en nuestra sección sabatina Religión, del 19 de julio pasado.
Sin embargo, el lunes de esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Chontales, monseñor René Sándigo, precisó que en esta reunión los obispos sí van a reflexionar sobre la realidad nacional. Y mencionó específicamente el documento que los obispos presentaron a Daniel Ortega el 21 de mayo pasado, en el cual proponen y demandan soluciones a los problemas más apremiantes de la nación, incluyendo la necesidad de un diálogo nacional y de una reforma electoral para que las próximas elecciones puedan ser justas y limpias.
“¿Qué sentimos? ¿Cómo vemos los obispos los resultados de los seis puntos contenidos en el documento entregado al Gobierno?”, dijo el obispo Sándigo, y agregó que en esta reunión ordinaria de Chontales los obispos dedicarán toda una jornada a “analizar cómo está Nicaragua y volver al documento porque consideramos que esas temáticas no son de pasarse al olvido ( ), reflexionar sobre todo en este año de la familia, la realidad de la violencia intrafamiliar, el incremento de homicidios o femicidios en el país, la afectación de familias con el último acontecimiento que se dio el 19 de julio, y tantas otras realidades que favorecen o afectan a la familia”.
El interés de los obispos de volver a analizar la realidad nacional en su reunión de Chontales, y no limitarse a los asuntos propiamente pastorales y eclesiásticos, se debe sin duda a la preocupante situación de persecución política e incertidumbre ciudadana, que se ha creado en el país debido a la represión policial que ha seguido a los atentados del 19 de julio, cuando fueron asesinados cinco simpatizantes o miembros del partido de Gobierno y una veintena más resultó con heridas de diversa gravedad.
Cabe destacar al respecto que el jefe del Ejército, general Julio Avilés —quizás el funcionario de Gobierno más informado sobre esta situación—, ha declarado enfáticamente que el atentado terrorista del 19 de julio “no debe verse con colores políticos (…) sino como un acto criminal”. Sin embargo, la represión desatada por la Policía en el norte del país ha sido eminentemente política, dirigida contra miembros y simpatizantes del partido opositor PLI. Como también ha sido político el asesinato del excombatiente de la Contra y activista del mismo PLI, Carlos García Altamirano, por un francotirador que le acertó un balazo en el corazón.
Los obispos declararon oportunamente su dolor e indignación por la acción criminal del 19 de julio. Ahora se espera que se pronuncien acerca de las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y perseguidos, y del clima de incertidumbre que la represión policial ha creado en Ciudad Darío y otros lugares del norte del país.
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