Los crímenes del 19 de julio contra ciudadanos que ejercían su derecho a expresar públicamente una ideología política son inaceptables, injustificables y deben ser motivo de luto e indignación para todos los nicaragüenses. La vida y la libertad de los seres humanos son bienes sagrados e inviolables. Esta es una verdad absoluta que no admite concesiones.
Quienes en Nicaragua profesamos los valores liberales hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho de todos a manifestarnos pacíficamente, a no sufrir persecución ni discriminación a causa de sus opiniones políticas y a elegir libremente a nuestros gobernantes mediante el voto. Por eso no podemos tolerar que se atente contra la vida humana, menos aún por el solo hecho de pensar diferente.
Pero no podemos limitarnos a condenar y lamentar esta tragedia. Aunque a algunos no les guste, tenemos que reflexionar sobre sus causas y evidenciarlas. Es nuestra responsabilidad como políticos hacer las preguntas incómodas, buscar las verdades dolorosas y decirlas, para evitar que hechos como estos sigan ocurriendo.
Para empezar debemos reconocer que esta matanza no es la primera agresión contra civiles indefensos, ni la primera masacre desde enero de 2007. Recordemos, por citar algunos, al día siguiente de las elecciones municipales de 2008 el ataque a una manifestación pacífica en Managua, donde el menor de quince años Eliézer Marín recibió un balazo en la columna que lo dejó con una discapacidad permanente; dos días después el centro de Managua fue tomado por turbas con machetes que destruyeron propiedad privada y aterrorizaron a los ciudadanos; en octubre de 2011 la represión contra quienes reclamaban sus cédulas en Ciudad Antigua; el 8 de noviembre de 2011 la masacre de El Carrizo, donde una familia fue brutalmente asesinada en su casa a medianoche; en noviembre de 2012 los muertos a balazos en Ciudad Darío y las mujeres vejadas en Nueva Guinea por reclamar contra el fraude electoral.
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Y la violencia contra quienes expresan opiniones críticas al discurso oficial no se ha limitado a los períodos de campañas electorales, ya que en 2009 y 2010 las marchas de la sociedad civil fueron sistemáticamente atacadas por paramilitares; en la madrugada del 19 de julio de 2012 un grupo de paramilitares agredieron y desalojaron a quienes protestaban en el campamento frente al Consejo Supremo Electoral en Metrocentro; el 22 de junio de 2013 los muchachos de #OcupaINSS, que expresaban su solidaridad con una justa causa social, fueron ultrajados y robados en presencia de la Policía Nacional; y el 16 de julio pasado jóvenes y mujeres que se manifestaban frente a Metrocentro fueron agredidos en pleno día por más de cincuenta motorizados, que no respetaron ni a los periodistas.
En cada uno de esos casos hubo nicaragüenses vejados, asaltados, heridos o muertos. ¡Y todos esos actos criminales quedaron impunes!
Este recuento nos deja al descubierto la raíz del problema, que es la violencia, la intolerancia política y la impunidad que el actual gobierno ha venido promoviendo y practicando desde 2007. En este contexto se producen los atentados del 19 de julio que, independientemente de quienes los hayan cometido, son claramente actos de violencia, odio y desprecio a la vida.
Desgraciadamente, desde el poder, por sectarismo y ambición, se está generando una dinámica de intolerancia, violencia e impunidad, promoviendo la destrucción de los valores de paz y respeto a la vida que los nicaragüenses hemos aprendido a través de nuestra dolorosa historia.
Estos hechos deben hacernos reflexionar a todos, especialmente a quienes están ejerciendo el poder. Es necesario rectificar, renunciar a las ambiciones dictatoriales, dejar de promover antivalores en nuestra juventud y retomar el camino de la democracia.
Retomar el camino de la democracia significa simplemente cumplir la ley, respetar los derechos humanos, permitir elecciones libres y dejar de usar el Estado como un dispensador de castigos y prebendas. Ese es el camino para que un país viva en paz y se desarrolle. Por eso respetar y practicar los valores democráticos es la única forma como un gobernante puede demostrar, más allá de la demagogia, que quiere ser instrumento de paz.
Hoy más que nunca se reafirma la vigencia de los planteamientos formulados al gobierno por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con sus denuncias proféticas y sus propuestas oportunas para evitar que sigamos descendiendo como sociedad hacia la barbarie. Impulsar un gran diálogo nacional sin exclusiones y una profunda reforma al sistema electoral, como proponen los obispos, son los primeros pasos necesarios para evitar que inicie un nuevo ciclo de violencia política. Todos los nicaragüenses, empezando por los gobernantes, debemos reconocer que la paz se instrumentaliza dialogando y debemos estar dispuestos a dialogar, para preservar la convivencia pacífica y encontrar juntos soluciones a los problemas nacionales.
Sin embargo, quienes gobiernan en Nicaragua siguen guardando silencio y dando la espalda a la realidad. Esa es una actitud irresponsable e insostenible, que ya está causando perjuicios a todos los nicaragüenses, incluyendo a sus seguidores.
Y tampoco es una actitud responsable que los ciudadanos nos crucemos de brazos o recurramos a la violencia como respuesta a la injusticia.
Todos y cada uno tenemos la obligación de expresar cívicamente nuestra decisión de seguir viviendo en paz y libertad.
La tan ansiada unidad democrática no es otra cosa que juntarnos para exigir, pacíficamente pero con firmeza, nuestro derecho a vivir en un país donde la ley sea obedecida por todos y los gobernantes trabajen para el bienestar de los ciudadanos. El autor es Presidente Nacional del PLI
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
