Leonor Álvarez, Saúl Martínez y William Aragón
Familias campesinas de las comunidades Cuje, Cayantú, Santo Domingo; Quebrada Honda, El Cacao, El Horno, Mango Solo, La Maizuta y El Mojón, además algunos habitantes del poblado del municipio de Totogalpa, en el departamento de Madriz, viven momentos de zozobra porque están siendo vigilados, citados e interrogados por agentes de inteligencia de la Policía y del Ejército por la incursión de armados en un tramo de la carretera panamericana, el pasado jueves 17 de julio.
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El ataque armado contra personas que regresaban a sus hogares luego de celebrar el 19 de julio la noche del sábado en Managua, fue condenado por sectores de la sociedad civil, la empresa privada y partidos políticos.
El opositor Partido Liberal Independiente (PLI), a través de una nota de prensa, lamentó “profundamente el derramamiento de sangre” y la muerte de los cinco ciudadanos nicaragüenses a causa de los dos ataques armados ocurridos en los municipios de Ciudad Darío y San Ramón, en Matagalpa.
Sin embargo, el PLI hace ver que estas acciones violentas “son consecuencia del acelerado cierre de espacios democráticos, de las reiteradas violaciones a la Constitución Política y a las leyes por parte de Daniel Ortega”.
El partido opositor también hizo un llamado al presidente inconstitucional Daniel Ortega a renunciar a sus pretensiones dictatoriales y a enderezar el rumbo de su gobierno hacia el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad ciudadana, para que nunca más la lucha entre hermanos tenga que cubrir de dolor y luto al país.
LLAMADO A LA POLICÍA
También hicieron un llamado a la Policía Nacional a que realice una completa investigación de los hechos sin manipulaciones, sin politización, de una manera profesional y apartidaria, como corresponde a su mandato constitucional.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), organización política compuesta por disidentes del partido de gobierno Frente Sandinista (FSLN), también condenó “enérgicamente esa acción criminal” a través de una nota de prensa.
El MRS expresó en su pronunciamiento que al igual que en otros casos de violación de derechos humanos, demandan “que la Policía Nacional realice una inmediata investigación para encontrar a los culpables y hacer justicia a las víctimas”. También expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también lamentó y condenó “enérgicamente” lo que llamó “masacres contra militantes sandinistas”.
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