Conversaba hace tres días con un extranjero interesado en la situación de nuestro país, quien se preguntaba por qué, si yo hablaba de autoritarismo en el gobierno de Ortega, en este país no había presos políticos.
“Pero los habrá, como ya ha habido muertos y heridos por la represión”, le contesté.
A continuación le di la explicación general sobre las nuevas modalidades del autoritarismo: bajo las condiciones internacionales actuales, al menos las prevalecientes en esta región del mundo, ya no hay cabida para las viejas dictaduras castrenses como se solían conocer en América Latina. Hace mucho tiempo, en el siglo XIX y buena parte del XX, el aislamiento de los países era tal que los condicionamientos internacionales frente a las dictaduras de entonces prácticamente no existían, además que la noción contemporánea de los derechos humanos y de la democracia no tenía la fuerza e importancia que adquirió después de la segunda guerra mundial. Posteriormente, porque al amparo de la guerra fría, en nuestro hemisferio hubo entre los Estados Unidos y los dictadores un pacto bastante explícito, basado en el principio de “mayor seguridad anticomunista, menor democracia”, independientemente de lo consagrado en tratados internacionales como el de la Organización de los Estados Americanos (OEA), precisamente fundada al filo del fin de la guerra mundial.
Ahora la situación es diferente, y aunque hay una creciente tolerancia internacional frente a los autoritarismos, en nombre del pragmatismo y de una realidad internacional diversificada, en que hay actores de gran importancia —como China y Rusia— con gobiernos autoritarios e incluso totalitarios, en nuestro hemisferio los regímenes autoritarios están obligados a guardar ciertas apariencias democráticas. Es lo que ocurre en Nicaragua, le dije, y le agregué que el gobierno de Ortega no había vacilado en reprimir violentamente cuando lo consideraba necesario.
Ni mi interlocutor ni yo sabíamos que a la misma hora que conversábamos, un pequeñísimo grupo de jóvenes mujeres que protestaban frente al Consejo Supremo Electoral (CSE) fueron brutalmente agredidas por las fuerzas de choque del orteguismo. De la represión del caso, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, no escaparon periodistas del Canal 12 y La Prensa que cubrían el hecho, y también, como en otras ocasiones, la represión se hizo a vista y paciencia —y consecuente complicidad— de la Policía Nacional. Quedaron fotos y videos en los cuales se puede con absoluta facilidad identificar a los agresores, —supuestamente algunos de ellos expolicías— pero la Policía no hizo nada.
Como el visitante reconocía los aceptables niveles de seguridad ciudadana que hay en nuestro país —que, por lo demás, ya existían antes del gobierno de Ortega, pero en democracia— le dije que para quienes nos oponemos políticamente al Gobierno, no hay tal seguridad ciudadana.
¿En qué, podría preguntarse el amigo extranjero, esa pequeñísima manifestación de protesta arriesgaba la estabilidad del régimen como para usar tal represión? La respuesta a la pregunta devela el contrasentido de aplicar adjetivos benignos al autoritarismo —que si responsable, que si bueno, que si consensual, que si concertador, que si dialogante— porque todas esas son máscaras que se caen estrepitosamente cuando se desafía, por pequeño que sea el desafío, su esencia: la intolerancia.
Un régimen autoritario será tan dialogante, concertador, consensual, benigno, como le convenga. El problema está en que cuando, como en nuestro caso, el régimen autoritario además de personal es familiar y tiene pretensiones dinásticas, y hay una confusión creciente entre los intereses públicos y los intereses particulares del gobernante y de su círculo inmediato, la franja de conveniencia del régimen se va ensanchando más allá del poder político, y en la misma medida la franja de conveniencia de los demás se va inexorablemente disminuyendo, porque consustancial a la intolerancia es la exclusión de los demás, ya sea política o empresarial.
La desproporción entre la pequeña protesta que comentamos, y la represión que le cayó encima, solamente se explica porque el Gobierno no quería que nadie le desluciera la puesta en escena del aniversario del 19 de julio, que es cada vez más una efeméride orteguista que sandinista.
La protesta era un pequeñísimo arañazo a la estética de un poder endiosado, pero así ocurre cuando los hombres se creen dioses. El autor fue candidato a vicepresidente de Nicaragua.
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