En junio de 2010 la Asamblea Nacional promulgó la Ley del Adulto Mayor; en su Arto. 7, esta Ley ordena que “los jubilados por el INSS pagarán solamente el 50 por ciento de su consumo mensual de energía eléctrica”. También dice que los adultos paguen un por ciento menos en el consumo de teléfono, de agua potable, en las empresas de transporte terrestre, aéreas, lacustres, locales, y gratuidad en el transporte colectivo urbano. Enacal, sin avisar a nadie, ha cesado de insertar en las facturas el beneficio.
En enero de 2013 demandé a la empresa distribuidora cumpliendo con el debido proceso: ante el Ente Regulador; Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones y finalmente ante la Corte Suprema. Su Sala de lo Constitucional, resolvió el 29 de enero que INE había transgredido el Derecho Constitucional de la igualdad, seguridad jurídica y trato discriminatorio, pues INE había emitido una resolución a favor de un usuario por otro reclamo similar —y por obediencia a la Ley del Adulto Mayor—. Este usuario me dijo que Disnorte-Dissur nunca cumplió la sentencia de la Suprema.
La Suprema dio lugar a mi recurso ordenando que Disnorte-Dissur restituya mis derechos. En carta fechada 6 de mayo, INE ordenó a Disnorte-Dissur el cumplimiento de mi sentencia. Disnorte-Dissur continúa facturándome sin hacer la deducción. Llevan 42 meses burlándose de esa Ley.
El 26 de mayo del corriente, deseoso de asistir a las celebraciones anuales en nuestro Caribe llamé a La Costeña, preguntando cuánto era el descuento en el boleto a Bluefields para adultos mayores, en virtud de la Ley. Respondieron tangencialmente, que sus tarifas son reguladas por el Estado y que no cumplen con la Ley.
Escribí a INE para informar la conducta de Disnorte-Dissur, me dijeron que le impondrían una multa, que no pagan porque siempre recurren de amparo. Para darle largas al juicio, ingresaron un recurso de Aclaración, pero la Suprema lo rehusó porque su representante legal no es parte en los autos de Amparo. Craso error jurídico administrativo.
Hace poco —por probarlo— entré a un bus y mostré mi credencial de jubilado al sofocado chofer. Este me vio como preguntándome qué era eso. Yo no pago, le contesté, mientras refunfuñaba y demandaba el pago. Ni ahí se cumple la Ley. En algunas oficinas ayudan a los jubilados, como en el Registro, en el Complejo Judicial los abogados adultos mayores no hacen línea.
Desde que se promulgó la Ley hace 42 meses, la empresa distribuidora, La Costeña, y otras la desobedecen. No hay mecanismo que coaccione a las empresas el cumplimiento de este tipo de Leyes. El Arto 112 Cn. dice que la Asamblea no debe legislar leyes de beneficios sociales sin tener respaldo financiero. Hacerlo se llama populismo.
Por esta desobediencia y burla a la Ley del Adulto Mayor miles de jubilados del INSS son afectados; hay daños, lucro cesante, porque con ese dinero pagado indebidamente miles de jubilados podríamos tener más recursos, menos deudas, menos preocupaciones pues nuestro dinero está en poder de otro, con dolo, que es un cuasi delito. La moral y el derecho prohíben el enriquecimiento ilícito a costas de quien actúa limpiamente.
Es urgente la unidad de jubilados por el INSS para demandar estos derechos. El autor es abogado y notario.
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