Rodolfo Quintana Cortez
Leí en LA PRENSA el reciente artículo El voto secreto en los partidos, escrito por el diputado Adolfo Martínez Cole, en el cual lamenta que la pasada Convención Nacional del Partido Liberal Independiente no hubiese acogido su propuesta de elegir al Comité Ejecutivo Nacional mediante voto secreto, aunque lo prohibiesen los Estatutos.
Coincido con las ilustradas reflexiones del diputado Martínez Cole sobre el valor del voto secreto para garantizar que el ciudadano pueda elegir a sus gobernantes siguiendo los dictados de su conciencia, libre de las presiones y amenazas usuales en los sistemas democráticos incipientes. En nuestras sociedades el voto secreto del ciudadano resulta indispensable para la plena vigencia de la democracia representativa.
Sin embargo, otro de los pilares de la democracia representativa es la rendición de cuentas, la posibilidad legalmente normada de que los electores puedan fiscalizar las actuaciones de los funcionarios electos y hacerlos responsables por el incumplimiento del mandato otorgado a través del voto.
No sería aceptable, por ejemplo, que los diputados se escudaran en su derecho ciudadano al voto secreto para ocultar las decisiones que toman en el plenario, actuando como representantes de los ciudadanos que los eligieron.
De la misma forma, en un partido político (PP) no sería aceptable que los convencionales, quienes son la máxima autoridad partidaria y representan a la totalidad de los afiliados, tomaran decisiones secretamente, a espaldas de quienes los eligieron.
Los Estatutos del PLI, que han guiado a este partido para oponerse a varias dictaduras, trataron de conciliar ambos principios al establecer en el artículo 95 el procedimiento para votación en las asambleas partidarias. Con ese fin, establecieron que las votaciones solo pueden ser secretas en las asambleas territoriales, constituidas por los afiliados que no ejercen cargos partidarios; pero que en las demás asambleas del partido, formadas por directivos electos, como lo es la convención, las votaciones deben ser públicas, ya que los convencionales actúan en “en representación de sus correspondientes órganos”. De esta manera, los afiliados de un municipio o departamento pueden saber si los convencionales que los representan fueron fieles a su mandato.
Afirma el referido artículo de opinión que “se perdió una gran oportunidad al no hacer valer la convención su decisión soberana de reformar los Estatutos”. Tal afirmación pretende ignorar que los propios Estatutos establecen un procedimiento de reforma, el cual inicia en la Comisión Jurídica y Legislativa, pasa por el Comité Ejecutivo Nacional y culmina en una Convención Nacional Extraordinaria o en una Asamblea Delegataria, que la aprueba o rechaza. De tal manera que la Convención Nacional no estaba facultada para reformar los Estatutos por la vía de hecho a petición de un convencional.
Quien perdió la oportunidad de promover esta u otras reformas estatutarias fue el diputado Martínez Cole, quien desde 2011 fue primer vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional y Presidente de la Comisión Jurídica y Legislativa del Partido.
Argumentar que es aceptable violentar la ley, en este caso los Estatutos del Partido, en aras de otro valor superior, no es un argumento de liberales, es el mismo argumento que utilizan los dictadores para imponer su voluntad por encima de la Constitución y las leyes. ¡Y precisamente para luchar contra esa concepción dictatorial del poder fue fundado el Partido Liberal Independiente!
El diálogo, el debate libre de las ideas y el respeto a la disidencia son prácticas inherentes al liberalismo, pero para que el diálogo sea fructífero debemos resistir la tentación de la demagogia y la manipulación de la verdad, que son actitudes propias de los enemigos de la libertad.
El autor es Secretario General del PLI y Diputado de la Asamblea Nacional.
Ver en la versión impresa las páginas: 13 A
