Esta semana han ocurrido disturbios políticos en Bilwi, o Puerto Cabezas, capital de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Los disturbios en Bilwi, incluyendo la ocupación de la casa de gobierno regional por un grupo de mujeres pertenecientes al partido Yatama (Hijos de la Madre Tierra), han sido protagonizados por ciudadanos de la etnia miskita en protesta contra el Gobierno central y el Consejo Supremo Electoral (CSE), a los que acusan de imponer dictatorialmente al gobernador de la Región y de haber despojado al movimiento indígena, en las elecciones regionales recién pasadas, de un escaño en el Consejo Regional de esa circunscripción territorial del Caribe nicaragüense.
Las protestas de los seguidores de Yatama, que hasta marzo de este año era un firme aliado del régimen orteguista, son una manifestación de la crisis del sistema electoral de Nicaragua, que ha colapsado por efecto de la corrupción y porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) dejó de ser una institución estatal independiente, consagrada a organizar elecciones justas y limpias que son la base de la democracia, para convertirse en una maquinaria burocrática partidarizada dedicada a hacer fraudes en beneficio de Daniel Ortega y su partido Frente Sandinista.
Con el avasallamiento a Yatama y la hegemonía sobre el gobierno regional de la RAAN, Ortega ha completado el control absoluto —no compartido ni siquiera con aliados que le ayudaron a tomar el poder—, de todas las instituciones del Estado. Ortega y su partido dominan ahora no solo los poderes e instituciones del Estado central, sino también los gobiernos de casi todos los municipios del país —que de hecho han dejado de ser autónomos— y los gobiernos regionales de la Costa Atlántica que también han perdido la autonomía que había sido respetada por los gobiernos del ciclo democrático, de abril de 1990 a enero de 2007. De manera que no queda ya ninguna institución del Estado, ni organismo de gobierno en cualquier escalón, que no haya sido centralizada por Daniel Ortega y su familia y por la camarilla política que lo respalda. Y aun así, todavía hay quienes incluso en la oposición al orteguismo siguen creyendo que en Nicaragua no hay una dictadura.
La democracia se funda en un conjunto de valores e instituciones entre las cuales se incluye sin falta la descentralización del poder. En todas partes del mundo se ha venido impulsando la descentralización y la distribución de facultades de gobierno y de recursos públicos, hacia autoridades locales, municipales, regionales, departamentales y federales, según sea la organización del Estado. De esta manera se fomenta el autogobierno de la población y se fortalece la participación democrática de la gente, pues la democracia no se limita al acto de votar y elegir, por muy importante que esto sea.
Hacer lo contrario, o sea centralizar la funciones estatales y concentrar todo el poder en unas pocas manos, y peor todavía en las de una sola persona, como ocurre en Nicaragua, es característico del absolutismo y de la dictadura en cualquiera de las diversas formas que adopta.
“Huid del país donde uno solo ejerza todos los poderes: es un país de esclavos”, dijo Simón Bolívar en un discurso que pronunció el 2 de enero de 1814 en el convento de los franciscanos de Caracas. Pero la verdad es que no se debe huir. Más bien hay que luchar para recuperar la democracia y volver a descentralizar y democratizar el poder del Estado.
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