Se acerca el 8 de mayo, fecha en que la presidenta Laura Chinchilla entregará el poder al nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y muchos en Nicaragua se preguntan si el mandatario Daniel Ortega se hará presente en San José en la ceremonia de transmisión de mando. La opiniones están divididas entre quienes aconsejan que asista y quienes piensan que debe abstenerse de ir o, en el mejor de los casos, delegar su representación, habida cuenta de la forma nada protocolaria en que el presidente electo esquivó visitar a su colega en su reciente gira por Centroamérica.
La relación diplomática entre países se maneja de acuerdo a normas establecidas en la práctica internacional, que determina los procedimientos y usos que siguen los países. Es lo que comúnmente se llama protocolo o ceremonial diplomático, uno de cuyos principios es la igualdad de tratamiento para todos. El no atenerse a las normas establecidas —o aplicar algún tipo de discriminación— causa malestar o molestia en quienes se consideran víctimas de una práctica desigual.
En el caso actual, el presidente Solís debe haber sopesado cuidadosamente la reacción que tendría su colega nicaragüense al verse excluido del recorrido que hizo por Centroamérica, Panamá y República Dominicana para invitar personalmente a los mandatarios a su toma de posesión. Eso se llama empezar con el pie izquierdo lo que podría haber sido una ocasión de limar asperezas y dar una señal de su determinación de mejorar una relación que fue tirante y difícil durante el gobierno de la presidenta Chinchilla. De manera que cualquiera sea la determinación que tome Ortega —asistir, hacerse representar por el vicepresidente o delegar en el embajador acreditado en San José—, no cabe duda que tal decisión transmitirá un claro mensaje de cómo será en el futuro la delicada relación bilateral con Costa Rica.
No cabe duda que si Daniel Ortega decidiera tomar el toro por los cuernos y se hace presente en San José el 8 de mayo, sería el centro de atención de todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, y hasta podría restarle cierto protagonismo al nuevo mandatario. Esta hipótesis, manejada con sagacidad, le proporcionaría una tribuna de primer orden para demostrar que está realmente animado del deseo de mejorar las relaciones futuras con su vecino.
El gran inconveniente es que Ortega, desde que asumió el poder en 2007 —y también durante la campaña electoral— ha evitado sistemáticamente el contacto con los periodistas, rehúye el debate público y no concede entrevistas de prensa. No cabe duda que esto no lo podría hacer en San José. En estas circunstancias, tal alternativa es desaconsejable.
Como en diplomacia se maneja el principio de reciprocidad, una aplicación estricta de la norma sería no asistir, abstenerse de delegar la representación en un alto funcionario del gobierno —vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores— y no acreditar a nadie, lo que en definitiva cerraría las puertas a una eventual mejoría en las relaciones y dejaría la pelota en la cancha costarricense, con todo lo que esto implica en el plano diplomático, político y comercial.
La alternativa restante es la acreditación del representante diplomático en San José en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario en Misión Especial, lo que si bien no constituye una ruptura total, tiene el mérito de hacer sentir claramente una profunda molestia.
Corresponde a los asesores del comandante Ortega y de la cancillería de la República determinar cuál de las opciones mencionadas es la más apropiada, sin perder de vista que por encima de consideraciones personales lo que está en juego es el interés superior de Nicaragua.
El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en Chile.
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