Según se ha informado oficialmente, el waiver de la propiedad de este año podría ser el último que se le pida al gobierno de los Estados Unidos.
El waiver, como se sabe, es la dispensa anual del gobierno de Estados Unidos en la aplicación de una Ley que ordena no otorgar cooperación directa estadounidense, y objetarla en las instituciones financieras internacionales, a aquellos países donde ciudadanos norteamericanos hayan sido confiscados y no se les hubiera compensado con una justa indemnización por sus propiedades.
De hecho, Estados Unidos no ha negado el waiver de la propiedad al gobierno de Nicaragua en ninguna ocasión, porque este ha venido cumpliendo de manera satisfactoria la obligación de indemnizar a los estadounidenses confiscados durante la revolución sandinista de los años ochenta. Tan bueno ha sido este cumplimiento, que de los 4,872 reclamantes que se inscribieron en abril de 1992, solo 107 casos quedan pendientes de solución, lo cual según la Procuraduría representa un avance de más del noventa por ciento. Mejor todavía, de acuerdo con el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, el avance ha llegado hasta ahora al 97 por ciento.
Pero esto, que es un logro del cual se ufana el Gobierno de Nicaragua, para el pueblo nicaragüense ha significado un enorme sacrificio. La enorme cantidad de dinero para pagar las indemnizaciones a los confiscados ha sido tomada de los impuestos que aportan todos los nicaragüenses, sustraída de la educación, la salud y otros rubros sociales de primera necesidad, a fin de pagar las propiedades y otras riquezas que pasaron a manos de los líderes “revolucionarios” mediante la piñata sandinista.
Según información publicada por LA PRENSA el sábado pasado, de 1993 a 2012 el Estado de Nicaragua pagó 1,279 millones de dólares en concepto de indemnización por las propiedades de los estadounidenses confiscados. A esa suma de dinero, que es enorme para las dimensiones de la economía de Nicaragua y las posibilidades económicas del pueblo nicaragüense, hay que agregarle las indemnizaciones por las propiedades que el sandinismo confiscó a quienes no eran ciudadanos de Estados Unidos. Solo en el año 2010 cifró más de 210 millones de dólares, o sea la mitad de toda la amortización de la deuda pública. Y como si todo eso fuera poco, se calcula que los contribuyentes nicaragüenses todavía tendrán que seguir pagando el costo de la piñata sandinista durante nueve años más.
Sin duda que el waiver de la propiedad concedido por Estados Unidos ha sido beneficioso para el Gobierno de Nicaragua, por los recursos económicos externos que ha podido obtener. Pero la discusión anual sobre el waiver también ha permitido que los nicaragüenses no olviden el pillaje de la piñata sandinista, la cual dejó pequeño el latrocinio somocista realizado durante cuarenta años.
Las informaciones alrededor del waiver anual de la propiedad, también han servido de alguna manera para advertir a los nicaragüenses que no deben volver a confiar en supuestos “libertadores” armados, que cobran muy caro y por larguísimo tiempo su “sacrificio” revolucionario. Una importantísima advertencia que se podría olvidar cuando no haya más waiver que ayude a mantenerla viva en la memoria colectiva de Nicaragua.
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