Max L. Lacayo
Desde hace algún tiempo, el episcopado nicaragüense ha peticionado al presidente inconstitucional Daniel Ortega el establecimiento de un diálogo. En los últimos días este aceptó dichas conversaciones con los obispos y entre los temas a discutir podría estar la proposición de los jerarcas católicos de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de corregir las anomalías institucionales del país. Aparentemente se está desestimando que tal convocatoria requiere de la elección de diputados constituyentes, los que estarían a cargo de aprobar una nueva Constitución. Una clara ingenuidad, ya que el Consejo Electoral (maestro del arte del fraude electorero), es propiedad de Ortega. Y primero se congelaría el infierno antes de que ese poder permitiera una elección libre, justa y transparente en Nicaragua.
Astutamente Ortega responde a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), posicionándose en un mismo plano de coincidencias con los obispos, aseverando que ambas partes están orientadas en la misma dirección del diálogo. Esto lo hace con la intención de aparentar que existe un ambiente adecuado que les permitiría la identificación de términos de comunicación, así como la posibilidad de mutuo entendimiento y determinación de cursos de beneficio común.
De esta manera Ortega pretende elevar el optimismo del CEN en cuanto a la percepción de autenticidad de intenciones y la posibilidad de establecer una comunicación honesta, pareja, abierta y confiable. Así es como Ortega logró seducir, para luego abandonar –embarazados de ilusorias esperanzas– a muchos políticos y empresarios.
En el caso de la Iglesia, los obispos le harían un bien a Nicaragua si se detuvieran, por tan solo un momento, a explorar el historial de Ortega, su partido Frente Sandinista y las persecuciones contra grupos religiosos en la década de los ochenta. Más aún, deberían considerar la invariable intención histórica de los regímenes despóticos de erradicar o subvertir el cristianismo. Para estos, la lealtad y fidelidad a Dios compite con el culto a sus personas y obstaculiza la adhesión del pueblo a sus dictados y caprichos.
Todo lo que podría resultar de estos encuentros entre el episcopado y Ortega es la aprobación y patrocinio del gobierno a unos cuantos jerarcas —al estilo de la deshonrosa alianza de Ortega con el cardenal Obando y Bravo— para que estos contribuyan a remover obstáculos del camino de la subyugación estatal y crear un abismo entre los líderes de la Iglesia y el pueblo. Ortega sabe aprovechar el “diálogo” para dividir y el CEN pareciera estar cayendo en la oscura trampa.
Dónde está la actitud de aquella Iglesia que en los tiempos del gobierno de Somoza Debayle aparecía al frente de las fuerzas que clamaban por reformas. Dónde están aquellos pronunciamientos de los jerarcas que declaraban intolerable al régimen y bendecían a los cristianos que se rebelaban contra la dictadura.
Una vez depuesto Somoza, parte de la Iglesia perdió su alma al acercarse a Daniel Ortega. Esto facilitó la promulgación de políticas sandinistas dirigidas a la destrucción de esa institución. Desde finales de 1980 se prohibía a la Iglesia evangelizar dentro de las organizaciones sandinistas, que abarcaban casi todos los sectores y rincones del país. Solo los religiosos leales al Gobierno podrían participar en los asuntos públicos.
Hoy el CEN debería estar atento a las palabras de Juan Pablo II incluidas en su Carta Pastoral de 1982 que rezan: “No es a través de un papel político, sino a través del ministerio sacerdotal que el pueblo quiere permanecer cercano a la Iglesia”.
El autor es economista y escritor.
