Luis Eduardo Martínez M.
Unirse y retomar la lucha cívica para reclamar el cumplimiento gubernamental a una serie de acuerdos engavetados, fueron los principales acuerdos a los que llegaron este domingo en Jinotega dirigentes de organizaciones de desmovilizados de guerra de diferentes departamentos del país.
Los exmiembros del antiguo Ejército Popular Sandinista (EPS), de la Resistencia Nicaragüense y del Servicio Militar Patriótico, señalaron en un comunicado que los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega mantienen oídos sordos a nuestras demandas.
Hace dos años, los retirados del EPS mantuvieron tranques bloqueando el tráfico vehicular sobre la carretera Panamericana en Sébaco, Matagalpa, exigiendo atención gubernamental a una serie de demandas por las cuales lograron suscribir algunos acuerdos que culminaron con las protestas.
Sin embargo, en el comunicado emitido el domingo por los desmovilizados en Jinotega, refiere que se han firmado compromisos que posteriormente engavetan y responsabilizan al Gobierno por cualquier hecho de violencia que se dé en la lucha por conquistar nuestros derechos.
Nuestro interés es que el Gobierno preste atención a la demanda histórica que han mantenido los combatientes, refirió Francisco Escoto Centeno, dirigente de los retirados del EPS en Matagalpa.
Agregó que el Gobierno no ha tenido voluntad y nos ha obligado a unir a la mayor fuerza posible para que preste atención porque nuestras demandas son compromisos que debe honrar el presidente Ortega.
En febrero del año pasado, fue publicada en el Diario oficial, La Gaceta, la Ley 830, que es la Ley especial para atención a excombatientes por la paz, unidad y reconciliación nacional, cuyo propósito es atender desde el Estado las necesidades básicas para la reinserción socioproductivas de los excombatientes.
Sin embargo, Escoto dice que esa ley está renca porque no ha sido reglamentada.
Ver en la versión impresa las páginas: 7 A
