“Falta continuidad en funcionarios públicos”

La falta de capacitación, la continua rotación de los funcionarios públicos al frente de la Unidad de Adquisiciones en las entidades estatales y los intereses creados para favorecer a un determinado oferente son en síntesis los principales problemas que afectan el buen desarrollo de los procesos de licitación pública, según la visión de Carlos José Chamorro, experto internacional en temas de adquisiciones y licitaciones.

El especialista es también consultor independiente que ha brindado asesorías a organismos financieros internacionales sobre estos casos y un orador que ha viajado por más de 30 países para brindar charlas y foros sobre estos temas.

Chamorro, quien es nicaragüense, estuvo unos días en Nicaragua y compartió sus reflexiones sobre los problemas que afectan los procesos de licitaciones en países como este, aunque reiteró que este tipo de inconvenientes, en menor o mayor grado, se dan en todas partes.

MAYORÍA DE DIFICULTADES SUCEDEN EN OFICINAS DE LICITACIÓN

“De acuerdo con estudios especializados de la GAO (Government Accountability Office), el 75 por ciento de los problemas y retrasos en los procesos de licitación se dan en la oficina de adquisiciones de las entidades públicas. En primer lugar, no hay una correcta capacitación para sus empleados. En segundo lugar, en países en donde no hay carreras cívicas o civil, cuando cambia el Gobierno, ¿qué es lo primero que cambia?, los empleados públicos. En cambio, hay muchos países, como los Estados Unidos, donde cuando cambia el presidente, pues solo cambian tal vez un puñado de personas claves, pero los dos millones de empleados federales se mantienen en sus cargos. Lo único que hacen es cambiar la foto del presidente en la oficina”, dijo Chamorro.

Chamorro recordó que en 2004, él fue uno de los ponentes en un programa de capacitación de empleados públicos que laboraban en la unidad de adquisiciones de las distintas entidades estatales, impartido durante la Administración del presidente Enrique Bolaños (2001-2006). Según recuerda, en el programa participaron un poco más de 400 empleados públicos.

“¿Qué pasó con estos empleados? No tengo idea, pero sí te puedo asegurar algo. Muchos de ellos ya no están en el Gobierno debido a estos cambios que ha habido. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Te encontrás con funcionarios que no están capacitados, no tienen la preparación necesaria, lo que facilita que puedan caer en intereses creados que pueden desviar las especificaciones de lo contratado, o bueno podés encontrar errores intencionados que busquen desviar la adjudicación por algún interés en particular”, añadió Chamorro.

RETRASOS SON COSTOSOS PARA EL PAÍS

Recalcó que los problemas derivados de los procesos de licitación terminan convirtiéndose en cargas para el país, el cual se ve afectado por retrasos en la ejecución de una obra importante o que la obra no finaliza con la calidad necesaria.

“El mayor problema que se deriva de esto es el retraso del proyecto. Proceso licitatorios que deberían de durar de tres a seis meses, duran año y medio, o más incluso. Eso es demasiado. Quien sufre es el país, porque no solo se está atrasando la obra, sino que el costo del proyecto sube”, expresó Chamorro.

“El área adquisiciones es un área bien conflictiva. Cada país tiene su norma. Nicaragua las tiene, pero cuando estos países ocupan préstamos de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el BM (Banco Mundial), no se utilizan las normas de los países, sino del prestatario. Entonces uno tiene que capacitar porque son un poco diferentes, para evitar que se den problemas y por ende se retrase el proyecto”, agregó.

¿Pero, qué pasa cuando el interés creado incluso está por encima de la capacidad que pueda tener un funcionario bien capacitado?, le preguntamos.

“En estos países hay muchos intereses creados. Aunque los oficiales hagan las cosas apegados a las normas, hay quienes quieren dirigir la licitación. Eso pasa en todas partes. El interés creado es alguien en la función pública que le interesa por algún tipo de conveniencia, que gane determinado oferente. Normalmente hay documentos estándares para licitación, que si siguen sus normas, el proceso se desarrolla sin problemas. Pero, aun así siempre hay maneras de desviar un proceso de licitación”, respondió Chamorro.

LA OFERTA MÁS BAJA NO SIEMPRE ES LA MEJOR

Sobre la evaluación de las ofertas presentadas, Chamorro destacó que en esta etapa se tiene que tener en cuenta que no es que se debe adjudicar el proyecto a la oferta económica más baja, sino que es la mejor oferta evaluada en todos sus componentes.

“No siempre la oferta más baja es la mejor, sino que es la oferta mejor evaluada. Se tiene que determinar si cumplió con los términos legales, cumplió con la estructura legal correcta, tiene el representante poder de representación, cumplió con los requerimientos técnicos”.

“Por ejemplo, si fuese LA PRENSA el contratante se tiene que evaluar si el tipo de papel que se pidió cumpliera con todas las especificaciones técnicas; si está en capacidad de dar lo que se quiere. El que está contratando tiene derecho a exigir que la compañía que me va a producir el papel, por ejemplo, tenga 20 años de estar en el negocio de producir papel, son especificaciones técnicas concretas y tiene el derecho a pedir también especificaciones concretas en los términos financieros. Esto lo protege de que la empresa a la que usted adjudique no le vaya a fallar, tanto en la entrega del papel, como en la calidad del papel”, explicó.

EL PESO DE LA CONTRALORÍA

Chamorro dijo que el peso de la sanción para aquellos funcionarios que sirvan a intereses particulares en un proceso de licitación depende del grado de beligerancia que pueda tener la entidad fiscalizadora del caso, como sería la Contraloría General de la República.

“Dependiendo de rigor de las leyes, hay casos en que el funcionario puede terminar en la cárcel, pero eso depende de las autoridades. Ahora, he estado en países que la Contraloría es una entidad poderosa. He visto casos en los países en los que he trabajado, en que aún siguiendo las normas usar los bancos internacionales, se nos pide que vayamos a hablar con el señor contralor de la República, para que gire una carta dirigida a la unidad de adquisiciones del ministerio que quiere ejecutar el proyecto, dando su visto bueno para no usar los documentos del país, y se usen los documentos del banco. Es tanto el miedo que da el señor contralor”.

—¿Eso ocurre en Nicaragua?

Aquí en Nicaragua no, pero en otros lados sí nos han pedido la carta del señor contralor porque tiene un peso, y ese mi amigo es un documento muy serio.

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