MARTHA VÁSQUEZ Y ELÍZABETH ROMERO
El Sistema de Justicia Penal de Nicaragua sufrió un zarpazo a su débil y ya cuestionada credibilidad, al decir, después de tres pruebas en el Laboratorio de Criminalística de la Policía (el más moderno en Centro América) que el polvo blanco incautado a Milton González, hermano del púgil Román “Chocolatito” González, es talco y no cocaína, tal y como demostró la prueba de campo realizada en el lugar de la captura.
La magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, defendió la actuación del juez Julio César Arias, quien archivó el caso contra González —acusado de tráfico de estupefacientes— por falta de pruebas, diciendo que actuó conforme a lo presentado por la Fiscalía y que no podía inventar pruebas.
INICIALMENTE ERA COCAÍNA
González fue capturado el 25 de febrero cuando conducía una moto y portaba una mochila, que en su interior contenía un paquete con polvo blanco que pesó 1,569 gramos y que según prueba química aplicada en el lugar, dio positivo a cocaína. También llevaba una balanza pequeña y cinco tiros de arma 14 milímetros.
“Para mi es positivo, creeme que lo voy a buscar y lo voy a invocar o alegar para que se lo apliquen a mis representados en igualdad de derechos, a como manda la Constitución en su artículo 27”, dijo García.
Mientras que Orozco dijo que es una irresponsabilidad del Gobierno y la Policía que se presta a esa evidente manipulación de la ley.
“Es evidente que en este caso funcionó el tráfico de influencias y es lamentable que habiendo igualdad ante la ley, a unos se les exonere de su responsabilidad”, dijo Orozco.
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“El resultado pericial no lo trajimos aquí, porque no sirve para efectos de la audiencia, en cambio, si fuera positivo lo hubiéramos traído, pero como no es, no lo trajimos”, dijo el fiscal Douglas Vargas.
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Para la abogada y exfiscal Silvia Sánchez, el repentino cambio en el peritaje químico “genera una gran incertidumbre jurídica”, ya que se pone en duda la objetividad con que debe funcionar el Ministerio Público, la Policía, el Instituto de Medicina Legal y el mismo juez.
“PRUEBA DE CAMPO ES SEGURA”
“La prueba presuntiva de campo es segura, incluso se ha utilizado para condenar. Cuando inició a aplicarse el Código Procesal Penal y no estaba la prueba de laboratorio, nosotros defendíamos que la prueba de campo, aunque sea presuntiva, tiene un margen de probabilidad no del cincuenta por ciento, sino del 80 y 90 por ciento que el resultado de esa prueba era segura”, recordó Sánchez.
La abogada también explicó que cuando en un proceso se evacua la prueba presuntiva de campo con el oficial de inspecciones oculares (quien es el primero que tiene a la vista esa sustancia), lo que se demuestra con esa primera parte del proceso investigativo es que todos los reactivos químicos se están renovando cada cierto tiempo y todas las pesas se calibran cada cierto tiempo, por tanto, los resultados son seguros.
“Cuando nos faltaba un peritaje conclusivo químico, defendíamos que la prueba presuntiva siempre es prueba independientemente que después se hiciera una confirmación, y muchas veces nos íbamos a juicio con prueba presuntiva y condenábamos con prueba presuntiva de campo, si no cambiemos el sistema ahora”, recalcó la exfiscal.
“Si ahora ponés en tela de duda todas las pruebas presuntivas, entonces cambiemos el sistema y acusemos hasta que ya estén las pruebas del laboratorio después de las 24 horas y no tengamos preso a nadie”, agregó Sánchez.
Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía han defendido la seguridad de los resultados de la prueba de campo, pero el comisionado Fernando Borges, vocero de la institución del orden, prefirió no comentar sobre el asunto y dijo que desconocía el caso y que estaba en reunión.
SISTEMA JUDICIAL SOMETIDO A “RIDÍCULO”
El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, consideró que el cambio del resultado del peritaje químico no solo “es gravísimo” para la justicia en Nicaragua, sino que también “es la demostración elocuente de la inexistencia de independencia para administrar justicia en casos concretos”.
A su vez, dijo Carrión, este caso “evidencia el sometimiento de los operadores de justicia” en el país y “dejó totalmente enlodado” el sistema judicial. Considera que el cambio de droga a talco, además coloca “en pleno ridículo” a los operadores de justicia.
Carrión es del criterio de que en este caso la Policía no debería guardar silencio, así como la Fiscalía debe ofrecer una explicación pública sobre el particular, pues con esto los operadores de justicia establecen un grave precedente aún si colocaran el hecho en los dos extremos: que al detenido le hayan encontrado droga y luego, la misma, hubiese sido cambiada en talco, o que desde un inicio, al detenido en realidad le ocuparon talco y aún así las autoridades decidieron abrir una causa sin una prueba justificada.
EXTREMOS GRAVÍSIMOS
“Cualquier extremo es supergravísimo, porque si era talco, te demuestra que te formulan expedientes. Y la información sobre el caso hace indicar lo contrario (…) para que la tercera (prueba) fuera talco ¿quién cambió la verdadera?”, cuestionó Carrión.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, estimó que esto demuestra la falta de credibilidad existente en las instituciones y pone en entredicho a la justicia en Nicaragua.
El mayor asombro por este caso, señaló Carmona, radica en que se supone que Nicaragua cuenta con el más moderno Laboratorio de Criminalística de la región. Al tiempo que cuestionó que dónde queda la supuesta lucha que el país enfrenta en contra de la narcoactividad.
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