El 12 de diciembre de 2007 los jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana, incluyendo al de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron en Guatemala, en el contexto de la XXXI Reunión del SICA, el “Decálogo Educativo 2021”, en el que se comprometían a impulsar una agenda de largo plazo para lograr más y mejor educación para sus pueblos. Ahora, que el actual Gobierno ha anunciado su propósito de elaborar un plan nacional de desarrollo educativo, conviene tener presentes las principales metas propuestas en el aludido Decálogo.
En cuanto al acceso y cobertura, el Decálogo proponía universalizar la educación primaria en el año 2010; la educación básica (nueve grados) para el año 2015 y la educación secundaria (10-12 grados) para el año 2021. Hay serias dudas que Nicaragua siquiera logre cumplir la meta de universalizar la educación primaria con calidad para el 2015, tal como se comprometió cuando suscribió los ocho Objetivos del Milenio, en el año 2000. Las otras metas del Decálogo solo se lograrían si desde ahora existiera la voluntad política de priorizar la inversión educativa, aumentando substancialmente el porcentaje del PIB destinado a la educación primaria y básica.
Mas, no se trata de destinar más recursos a la educación para seguir haciendo lo mismo. El Decálogo, que casi no tuvo ninguna divulgación en Nicaragua, establece cuatro ejes de acción. En cuanto al mejoramiento de la calidad, Nicaragua se comprometió a establecer de “manera conjunta estándares de competencia educativa que fomenten la capacidad de los estudiantes para saber vivir, producir y convivir” ; desarrollar pruebas de logros de aprendizaje para los estudiantes a nivel de la educación primaria, básica y secundaria en la región, así como someterse, para antes del año 2012, a pruebas internacionales de logros de aprendizaje.
Conscientes, al menos aparentemente, los jefes de Estado sobre los problemas que genera el excesivo centralismo de los ministerios de Educación, se comprometieron a “convertir a la escuela en la unidad central de la educación, fortaleciendo la dirección y administración de la misma, con la participación de los padres y madres de familia; mejorar los niveles intermedios de gestión entre la escuela y los niveles centrales de los ministerios de Educación; y fortalecer la capacidad rectora, de evaluación, de información y de gerencia de los niveles centrales de los ministerios”.
En Nicaragua, sin ninguna evaluación previa para corregir errores, se decidió suprimir la autonomía escolar, que ahora se pretende sustituir con la nuclearización educativa, cuyos propósitos no son necesariamente coincidentes.
Y en cuanto a la inversión en educación, el compromiso fue de incrementar el gasto público aumentando los recursos asignados como porcentaje de PIB, “por medio de un incremento sostenido a lo largo de los años, acorde con las metas del Decálogo”. Entre nosotros, el porcentaje destinado a la educación ha permanecido prácticamente estancado en los últimos años.
Años después, los ministros de Educación de la región, reunidos en San Salvador en diciembre de 2011 (16ª Reunión de la CECC/SICA), aprobaron una “Política Educativa Centroamericana 2013-21”, con el propósito de cumplir los diferentes compromisos internacionales contraídos por los gobiernos, entre ellos los contemplados en el Decálogo, y ofrecer orientaciones sobre el camino a recorrer hasta el 2021. En esa oportunidad, se definieron varias acciones estratégicas, como las siguientes: fortalecer y ampliar la educación inicial de la población menor de 6 años; universalizar el acceso a un ciclo educativo completo y continuo de, al menos, nueve años de educación general básica; proveer una adecuada infraestructura de aprendizaje; mejorar la inversión estratégica para el acceso equitativo a la educación posbásica de dos o tres años, en sus diferentes modalidades, particularmente en lo técnico/profesional; asegurar que todos los niños y adolescentes tengan iguales oportunidades educativas; crear las condiciones de reconocimiento social e incentivos económicos para la carrera profesional docente; y asegurar que la formación inicial docente sea de nivel superior y que reúna características de calidad ajustadas a las necesidades de los sistemas educativos.
Si Nicaragua cumpliera estos compromisos, sin duda nuestra educación mejoraría substancialmente. Para ello se requiere una decidida voluntad política y el compromiso de todos los sectores sociales. El autor es jurista y escritor.
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