A las ya difíciles relaciones con su vecino del norte, Costa Rica agrega ahora un nuevo elemento de tensión al anunciar la presentación de una nueva demanda —otra más— contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), esta vez para exigir que el alto tribunal fije la frontera marítima entre los dos países, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico. Con esta iniciativa, la presidenta Chinchilla, próxima a entregar el mando, pone término a uno de los más desafortunados capítulos en la historia reciente de las relaciones entre ambos países.
El recurso a la CIJ es la última instancia a la que se acude cuando se han agotado otras vías de solución de un diferendo internacional: conversaciones directas entre las partes, buenos oficios de gobiernos amigos, negociaciones, arbitraje, etc. De todos los mecanismos utilizados para buscarle solución a determinado litigio, el más eficaz es el contacto directo entre los interesados.
El recurso a un tribunal internacional, generalmente supone la erogación de varios millones de dólares, que representan una onerosa carga para las finanzas de los países pequeños. Asimismo, una entidad como la CIJ suele demorar hasta varios años para emitir un fallo, que no siempre resulta del agrado de los interesados. En el caso actual, se estima que la Corte de La Haya podría tomar entre cuatro y seis años para dictar una sentencia, periodo que no haría sino agravar más aún las tensiones entre las partes en conflicto. En cambio, las conversaciones o negociaciones directas permiten a las partes en un diferendo llegar a un posible arreglo en un tiempo relativamente más corto y a un costo muchísimo menor.
Cabe, entonces, preguntarse ¿por qué Costa Rica y Nicaragua no pueden sentarse a conversar sin intermediarios a fin de buscar un entendimiento para resolver sus diferendos? Resulta, además, que ambas repúblicas pueden recurrir a los mecanismos previstos en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que cuenta precisamente con una Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para dirimir las controversias jurídicas que puedan surgir entre las partes. Si el contacto directo —que, reiteramos, es el más expedito y eficaz— no fuera posible, la lógica indica que antes de acudir a la justicia internacional se recurra primero a la instancia centroamericana. La dificultad radica en que Costa Rica se ha negado sistemáticamente a reconocerle competencia al tribunal centroamericano, a lo que está obligada como parte firmante del Protocolo de Tegucigalpa de 12 de diciembre de 1991.
Resulta absurdo que en pleno siglo XXI los jefes de Estado de Costa Rica y Nicaragua pretendan darse la espalda y alimenten focos de tensión que no solo perjudican a sus gobiernos, sino que causan graves daños y trastornos a sus pueblos y al proceso de integración en que Centroamérica está empeñada desde hace más de cincuenta años. Es de esperar y desear que se imponga el sentido común para bien de los intereses del istmo, que a casi doscientos años de su emancipación de España sigue todavía priorizando mezquinos intereses políticos que condujeron en un pasado no muy remoto a la fragmentación de la patria grande y que en la actualidad nublan el horizonte del gran destino que aguarda a Centroamérica. El autor es diplomático nicaragüense retirado
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