El Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado totalmente por magistrados que son de facto porque se vencieron sus períodos, dio a conocer los resultados de las elecciones regionales en la costa Caribe de Nicaragua realizadas el domingo pasado. De acuerdo con esa información, al FSLN se le asignará la mayoría absoluta de escaños en los dos parlamentos regionales autónomos y, a partir de ahora, tendrá al menos 28 de los 45 miembros del Consejo Regional del Atlántico Norte, y 30 de los 45 del Consejo Regional del Atlántico Sur.
Pero eso ya se sabía desde antes de las votaciones. Como señalamos en este mismo espacio editorial un día antes de las votaciones, el sábado 28 de febrero recién pasado, el objetivo de Daniel Ortega era apoderarse de la mayoría absoluta de los asientos en los dos consejos regionales, para gobernar en ambas regiones sin necesidad de mantener su incómoda alianza con el partido étnico costeño Yatama, ni de gastar dinero en comprar votos de consejeros miembros de otros partidos. De manera que para la conveniencia del régimen orteguista el CSE ha hecho bien su tarea, igual que en las elecciones anteriores desde 2007, cuando Ortega recuperó el poder y comenzó a socavar las instituciones democráticas para imponer una nueva dictadura.
De acuerdo con la Constitución, la función o tarea del CSE es organizar elecciones libres, justas y transparentes, a fin de garantizar que los ciudadanos nicaragüenses puedan ejercer su “derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos…” (Arto. 51 Cn.). Pero eso es una ficción jurídica. En la realidad, bajo el régimen orteguista, la tarea que cumple el CSE es montar farsas de elecciones que se ajusten al interés de Daniel Ortega, de institucionalizar una nueva dictadura y gobernar de manera autoritaria pero simulando tener el apoyo del voto mayoritario e incluso “abrumador” de los ciudadanos nicaragüenses, certificado por el poder electoral.
Sin duda que los magistrados de facto del CSE vienen haciendo bien esa tarea encomendada por Ortega, desde las elecciones municipales de 2008 que como se debe recordar fueron descaradamente fraudulentas. Siguieron haciendo bien la tarea en los siguientes comicios nacionales, municipales y regionales, los cuales fueron igualmente fraudulentos. Y de ese modo Ortega ha conseguido controlar de manera absoluta y absolutista todos los poderes del Estado, lo mismo que los gobiernos municipales y regionales, los cuales en la letra constitucional son autónomos y pluralistas pero en la práctica ahora son orteguistas. Lo cual le ha permitido a Ortega instaurar una dictadura institucional revestida de formalidades legales y electorales.
Sin embargo, a pesar de que todo eso está a la vista, hay quienes, incluso desde la oposición, aseguran insólitamente que es una “torpeza” calificar de dictadura al régimen orteguista, ya que este no navega sobre ríos de sangre como lo hacía la dictadura somocista. No entienden, al parecer, que un régimen de gobierno no es dictadura solo por la brutalidad de la represión, ni se han dado cuenta de que la represión orteguista ya ha causado numerosos muertos, y no solo rebeldes armados caídos en combate o asesinados, sino también opositores indefensos, cívicos y pacíficos, como los mártires de Ciudad Darío y El Carrizo.
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