El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha pedido una prórroga a la aplicación de la Ley de Tránsito reformada, en lo que se refiere a las multas contra los propietarios de vehículos que no presenten la calcomanía demostrativa del pago de la inspección mecánica.
Se dice que son muy pocos (apenas 17 en todo el país) los talleres autorizados para hacer la revisión mecánica, de manera que muchas personas no podrán cumplir a tiempo ese requisito y tendrán que pagar la multa correspondiente, que ha sido aumentada igual que todas las multas por infracciones de tránsito. De allí que el Cosep sugiera, además, que se autorice la suficiente cantidad de talleres para que presten ese servicio y se les conceda el tiempo necesario para que adquieran la capacidad técnica y humana requerida.
Pero no solo una moratoria para las multas por no presentar la calcomanía del revisado mecánico, es lo que se necesita. Hay que someter a revisión todo el sistema de multas dispuestas en la Ley de Tránsito reformada, las cuales fueron aumentadas desproporcionadamente por la Asamblea Nacional mediante la reforma aprobada el 11 de febrero recién pasado, con una sorprendente casi unanimidad de 81 votos a favor y solo dos en contra.
Cuando se aprobó el aumento del número y montos de las multas de tránsito, opinamos que de acuerdo con los principios de justicia y derecho la ley no debe tener solo un propósito represivo, sino también un fin educativo, y que las multas que se impongan deben ser proporcionales a los ingresos de la ciudadanía. La ley, como lo sabe cualquier juez y abogado —y lo deberían saber también quienes aprueban las leyes—, debe ser justa “para que su cumplimiento no sea forzado, impuesto por la violencia y la coacción”. Así lo advierte el enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas, quien razona además que la ley debe ser general, “pues las leyes que contienen privilegios y excepciones provocan desconcierto, indignación y desasosiego”. Y con respecto a la multa o sanción económica, que según el maestro jurídico “entraña la injusticia de su igualdad”, al determinar su monto se debe buscar la equidad “por la proporción de las fortunas, o por las rentas e ingresos diarios de cada uno”.
En realidad, el mismo sentido común indica que es incorrecto e injusto imponer en Nicaragua multas como si fuera Estados Unidos, Alemania, Japón y cualquier otro país desarrollado, donde los ingresos de las personas son muy superiores a los que obtienen los nicaragüenses. Pero es que el incremento desmesurado de las multas por infracciones de tránsito, aprobado por los diputados orteguistas con la incomprensible complicidad de la bancada opositora, se debe a que el objetivo principal de la reforma es recaudatorio, motivado por la necesidad que tiene el Gobierno de aumentar las recaudaciones para mantener sus gastos excesivos.
Y además de recaudatoria, la reforma de la Ley de Tránsito es represiva, en particular contra las clases medias, las cuales son objeto de una continua agresión gubernamental seguramente porque constituyen la base social de la democracia, a la que el régimen orteguista viene socavando y destruyendo en forma sistemática.
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