El Cosep logró que el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, se comprometiera a derogar el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, mediante el cual el Gobierno pretendía crear nuevos tributos y establecer medidas fiscales retroactivas, en perjuicio de los empresarios y violando de manera flagrante la Constitución.
El anuncio del acuerdo para tal derogación, se hizo al concluir una reunión del presidente del Cosep con el asesor económico de Ortega, después que el líder empresarial anunciara que iba a recurrir por inconstitucionalidad contra dicho reglamento. Y según declaró el presidente del Cosep, esa derogación no debe verse como un logro solo de los empresarios, sino de toda la población, pues los nuevos costos fiscales se hubieran tenido que trasladar a los consumidores .
Esta no es la primera vez, desde que se estableció el singular mecanismo de relación entre el Cosep y el Gobierno, denominado “comisión de seguimiento”, que el sector empresarial ha logrado la reversión de medidas perjudiciales para la empresa privada, la economía nacional y toda la población del país. En este sentido, la experiencia de los últimos años ha demostrado la eficacia, en términos generales, de esta relación sui géneris del Cosep con el régimen orteguista, para discutir y resolver problemas específicamente empresariales y examinar asuntos económicos de interés nacional.
Pero el hecho de que produzca resultados no significa que esta relación sea normal. En estricto y elemental sentido de derecho, la empresa privada no debería estar obligada a regatear con el Gobierno que no imponga medidas arbitrarias, como la de los pretendidos aumentos tributarios por vía reglamentaria, o la intención gubernamental de intervenir en el nombramiento de los directivos de las empresas privadas de telecomunicaciones, para mencionar dos casos relevantes. La relación de la empresa privada con el Gobierno, y viceversa, es necesaria y legítima, pero debe realizarse al amparo de la seguridad jurídica que garantice la previsibilidad de las políticas gubernamentales, de acuerdo con la Constitución y las leyes que corresponden y no mediante la negociación de decisiones gubernamentales caprichosas y arbitrarias, de las cuales, cuando se logran acuerdos es por la “generosidad” del Gobierno y este actúa como si estuviera haciéndole favores a los empresarios.
El diálogo y los acuerdos del Gobierno con los empresarios (y no solo con estos, sino también con los demás sectores de la sociedad), son normales y necesarios en una sociedad civilizada y democrática. Pero se fundan en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y políticos consignados en la Constitución, no en negociaciones para que el Gobierno, “generosamente”, acepte no aplicar medidas arbitrarias que de mero derecho están excluidas del orden jurídico de la nación.
Comprendemos que por la naturaleza no democrática del régimen orteguista, la empresa privada no ha tenido más remedio que aprovechar ese tipo de relación con el Gobierno. Y no se puede negar que ha logrado concesiones de la parte gubernamental. Pero no es una relación normal propia de un Estado de derecho y un sistema democrático, dignos de ser llamados así.
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