De los miles de bachilleres que tomaron este año los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) el 8.66 por ciento lo aprobaron. ¿Cuál hubiese sido el resultado, sin en lugar de ellos los examinados hubiesen sido sus profesores, es decir, los docentes que imparten clase en secundaria?
Un amigo, a quien pedí su opinión, me dijo que los resultados serían iguales o peores. Quizás tenga razón. Quizás no. El sentido común sugeriría que los profesores deberían salir mejor que sus alumnos, pues están supuestos a saber más. Pero en Nicaragua a veces las cosas no funcionan con mucha lógica —a veces el plomo flota y el corcho se hunde—.
En todo caso, no hay duda que sería interesantísimo, y sumamente útil, hacer la prueba. Si el Ministerio de Educación mandara a sus profesores de matemáticas a tomar el examen de admisión en la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), sabría en un instante cuáles de ellos están capacitados para enseñar y cuáles necesitan reforzamiento. El repetir anualmente esta experiencia permitiría monitorear el progreso de la fuerza docente y establecer sistema de premios o estímulos a la excelencia. Crearía también sobre los profesores una saludable presión a mejorar, pues su nivel académico sería conocido y medido periódicamente.
Pero esto es algo que falta en nuestro país y en gran parte de los sistemas educativos del área: una cultura de medición y rendición de cuentas. Aunque no estamos en cero. Nicaragua participó en el 2006, 8 y 9 en pruebas de la Unesco, que comparaban niveles de lectura inicial en alumnos de primaria, y en el 2011 en pruebas de habilidades matemáticas. Pero todavía no participamos en las pruebas PISA, para estudiantes de secundaria, y no se evalúa a los maestros. Las estadísticas educativas nos dejan saber si hay más o menos estudiantes, si estos desertan o repiten, pero absolutamente nada sobre si están aprendiendo más o menos que antes.
Lo mismo ocurre en la educación superior. Nada se sabe, averigua, o informa, sobre la calidad de la enseñanza impartida o sobre cambios en la misma. Sus profesores tampoco son evaluados; ni por sus alumnos, como se acostumbra en Estados Unidos, ni por sus colegas. Sería también sumamente interesante someter a profesores universitarios a los exámenes de admisión que sufren los bachilleres. Quién sabe las sorpresas que nos llevaríamos.
El punto es que pocas cosas son tan importantes para mejorar nuestro sistema educativo como tomar en serio la necesidad de medir y evaluar, no solo a los alumnos, sino a quienes les enseñan. Pero en su lugar lo que suele enfatizarse es la necesidad de pagar más a los docentes y suministrarles mejores sistemas de capacitación. No hay duda que ambas cosas son indispensables. El problema es que sin un sistema de evaluación con resultados visibles, estos esfuerzos corren el riesgo de no mejorar significativamente la calidad pedagógica. La actitud de un docente que va a recibir una capacitación, y sabe que después de ella lo evaluarán y sus resultados serán conocidos, será posiblemente muy distinta de la actitud de quien sabe que solo recibirá un certificado de participación y de que nadie se enterará si aprovechó o no el curso.
Si a medir le añadimos el ingrediente de vincular los resultados al escalafón profesional o al salario, los efectos de hacerlo serían aún más poderosos. Lo bueno de estas medidas es que, además de eficaces, son relativamente baratas. Lo que más requieren es voluntad política. Y allí está la clave: ¿la habrá? El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
