AFP
El gobierno de Colombia intensificó su combate contra las FARC, con dos operativos militares que dejaron entre el domingo y el martes 21 guerrilleros muertos, a la vez que defendió el diálogo de paz que lleva adelante en La Habana desde hace más de un año.
En una operación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea, siete guerrilleros murieron y otros cinco fueron capturados el martes en el departamento de Tolima (centro).
La acción sigue a otra similar realizada el fin de semana en el departamento de Arauca (noreste, sobre la frontera con Venzuela), que causó la muerte de 14 guerrilleros de las FARC.
El presidente Juan Manuel Santos, que desde noviembre de 2012 lleva a cabo un proceso de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas) mediante una mesa de diálogo en La Habana, felicitó a las fuerzas militares por estos operativos.
«La ofensiva militar se mantiene hasta que lleguemos a unos acuerdos, como si no hubiera negociaciones», señaló Santos en unas declaraciones a los periodistas desde Madrid, donde se encuentra de visita.
El proceso de paz se lleva a cabo sin que se haya concertado un cese el fuego bilateral en Colombia, que según Santos, podría servir a las FARC para fortalecerse militarmente.
Pese a ello, las FARC cumplieron entre el 15 de diciembre y el 15 de enero una tregua unilateral por la temporada navideña.
Sin embargo, a los pocos días, esa guerrilla realizó dos ataques con saldo de dos civiles muertos y 25 personas heridas: el primero de estos en Pradera (Valle del Cauca), el 16 de enero, y el segundo, el lunes en Toribío (Cauca).
Con esos atentados justo después de la tregua, las FARC «intenta mostrar los beneficios del cese del conflicto», dijo a la AFP el investigdor Juan David Rodríguez, del Centro de recursos para el análisis de conflictos (CERAC). «Ellos aún tienen capacidad militar», añadió.
En defensa del diálogo
En tanto, el jefe negociador del gobierno en las conversaciones de La Habana, Humberto de la Calle, defendió el martes el proceso de paz y rechazó que se esté haciendo concesiones a la guerrilla. «Algunos opositores al proceso de diálogo en La Habana han puesto a circular versiones falsas y mitos inverosímiles (…). Primero, en La Habana están entregando el país (…). Nada más alejado de la realidad», dijo de la Calle en un artículo difundido por su equipo de prensa.
«Se teje en algunos círculos la idea de que el gobierno se ha plegado a la llamada 'revolución por contrato'. Esto es, que con el fin de obtener una paz a cualquier precio, la estrategia es entregar a las FARC las instituciones fundamentales del Estado y echar por la borda la tradición democrática de Colombia», agregó.
Las conversaciones entre el gobierno y las FARC se desarrollan mientras Colombia se encuentra en plena campaña electoral para los comicios legislativos, el próximo 9 de marzo, y presidenciales, el 25 de mayo, en los que Santos aspirará a la reelección con la promesa de poner todo su empeño en acabar con el conflicto armado de medio siglo, que ha dejado millones de víctimas.
El proceso de paz es duramente criticado por el muy popular expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien es candidato al Senado por el movimiento Centro Democrático y podría conseguir una importante representación en el Congreso.
El debate sobre la impunidad
El mismo martes, la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Washington, criticó al gobierno de Santos, al considerar que ha tomado iniciativas que «frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos».
«El gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes», indicó esa organización en su informe anual.
HRW se refirió así al marco jurídico para la paz, una reforma constitucional que permitiría la suspensión de penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación en política, y a la reforma del fuero penal militar, que refuerza los tribunales militares por encima de los civiles.
Ante esos cuestionamientos, de la Calle aseveró que «la verdadera lucha contra la impunidad se concentra en develar qué fue lo que sucedió y por qué; reconocer a las víctimas y repararlas integralmente de manera pronta; y atribuir responsabilidad a los máximos responsables de los crímenes internacionales».
Hasta ahora, el gobierno y las FARC han llegado a consensos parciales en La Habana sobre los temas de desarrollo agrario y participación política. Actualmente, debaten el de drogas ilícitas y les queda por abordar la reparación a las víctimas, el abandono de las armas y la forma de refrendar los eventuales acuerdos.
Las FARC, con entre 7.000 y 8.000 integrantes y fundadas en 1964, son la guerrilla más antigua de América Latina.
