Los entresijos parlamentarios

Visto el problema en blanco y negro, se puede reconocer que la oposición salió ganando con la incorporación de uno de sus miembros en la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y al conseguir la presidencia de la Comisión de Gobernación. En los dos años anteriores la oposición no tuvo ni un solo representante en la Junta Directiva y ahora al menos tiene uno. Es cierto que la bancada del PLI tiene derecho a dos cargos en la Junta Directiva, con base en la proporcionalidad electoral que establece Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pero el FSLN no respeta el derecho ajeno y al fin y al cabo uno es mejor que ninguno. Y si la bancada del PLI aceptó ese solitario cargo directivo y además consiguió la presidencia de la Comisión de Gobernación — una de las más importantes de la Asamblea Nacional— para mejorar las condiciones de su lucha parlamentaria, se puede decir que ha hecho lo correcto. Sin embargo tiene que demostrarlo con hechos.

Es obvio que el PLI negoció con el FSLN para conseguir esa mínima representación en la Junta Directiva y la presidencia de la comisión de Gobernación. Sin embargo lo ha negado enfáticamente, como si negociar y hacer acuerdos parlamentarios fuese delito. En la política práctica (y sobre todo en la parlamentaria) la negociación y los acuerdos puntuales son indispensables, incluso en las condiciones más desventajosas para la parte opositora, precisamente porque esta necesita mejorar aunque sea un poco las condiciones de su lucha. Lo malo es negociar y pactar a escondidas, al margen de los principios, contra la democracia y por motivos de corrupción. De manera que la bancada opositora debió informar sobre la negociación y el acuerdo, que de todos modos se pusieron en evidencia con la sorprendente unanimidad de los diputados oficialistas y opositores al elegir a todos y cada uno de los miembros de la nueva Junta Directiva.

Ahora bien, la Comisión de Gobernación, presidida ahora por el anterior jefe de bancada del PLI, Luis Callejas, tiene en su carpeta de trabajo la reforma del Código Militar, la cual es una pieza muy importante del avance de Daniel Ortega hacia la institucionalización de su nueva dictadura. Seguramente por eso es que el jefe de la bancada parlamentaria orteguista ha vetado el derecho del nuevo presidente de la comisión de Gobernación, de proponer la ampliación de la consulta que se hizo el año pasado en la cual solo se escuchó a la jefatura del Ejército. ¿A qué se debe el temor del orteguismo a que un tema legislativo tan importante como este se ventile ampliamente? ¿Acaso es por lo que se comenta en la calle, de que hay descontento en el Ejército porque la reforma del Código viene a alterar el mecanismo de rotación y ascensos y a frustrar las legítimas aspiraciones de numeroso oficiales y mandos militares?

Como sea, el presidente de la Comisión de Gobernación debe solicitar el parecer de quienes tienen mucho que decir sobre el Código Militar, como son los exministros de Defensa y los anteriores jefes del Ejército. Y si es preciso los diputados opositores deben ir adonde ellos a recabar su opinión. Esta sería una magnífica oportunidad para que la oposición demuestre que negoció su participación en la Junta Directiva no por claudicación ni por obtener prebendas y granjerías, sino para fortalecer su resistencia democrática en el ámbito de la Asamblea Nacional.

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