Londres/EFE
El equipo de defensa del depuesto presidente egipcio Mohamed Mursi dijo este lunes en Londres que el Tribunal Penal Internacional debe abrir «sin demora» una investigación de los crímenes cometidos contra civiles por el régimen militar en Egipto.
Miembros del Gobierno egipcio democráticamente electo entregaron al TPI una denuncia y una declaración que permite a esa corte investigar los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen militar en Egipto tras el golpe de estado de julio de 2013.
En una rueda de prensa celebrada en un hotel de Londres, integrantes del equipo legal de Mursi dieron detalles sobre las evidencias que han recopilado, que prueban que se cometieron actos criminales por los militares.
Esos actos incluyen asesinatos, encarcelamientos ilegales, tortura, desapariciones y otras acciones inhumanas destinados a ocasionar sufrimiento, graves lesiones físicas o mentales, según explicaron hoy.
El abogado londinense Tayab Ali, socio del bufete ITN Solicitors y líder del equipo asesor de Mursi, dijo hoy que ha recibido «evidencias abrumadoras» de testigos que prestaron declaración de primera mano sobre sus experiencias y otros crímenes presenciados.
«Para que Egipto regrese a un proceso democrático es esencial que las personas responsables de la violencia tras el golpe rindan cuentas ante la justicia por sus crímenes», afirmó Ali.
Según este abogado, «no hay esperanza para la democracia y el estado de derecho en Egipto a menos que las instituciones legales internacionales hagan el trabajo para el que se las ha creado».
En su opinión, es «esencial que los egipcios se unan para reconstruir la democracia», algo que, según agregó, «no puede ocurrir a menos que aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad sean juzgados».
En julio de 2013, las Fuerzas Armadas egipcias dieron un golpe de Estado contra el primer Ejecutivo democráticamente electo, que resultó en la detención de su presidente y miembros del Gobierno y en el uso extremo de la fuerza por militares contra civiles.
Al menos un millar de civiles perdieron la vida y muchos más resultaron heridos y, desde entonces, el régimen militar ha tratado de consolidar su posición mediante la represión de los activistas en favor de la democracia, prohibiendo las manifestaciones y considerando a los Hermanos Musulmanes una organización terrorista.
Como resultado, el Partido Libertad y Justicia y miembros de la Shura (cámara alta del Parlamento egipcio) nombraron al citado equipo legal para mediar en la detención ilegal de miembros del Gobierno e investigar actos delictivos del régimen militar.
El pasado noviembre, esos asesores entregaron evidencias sobre crímenes contra la humanidad contra civiles cometidos por militares, policía y miembros políticos del régimen, y emitieron una queja ante el TPI el 20 de diciembre de 2013.
Miembros de ese equipo legal indicaron hoy que esa corte debe abrir una investigación sobre las graves acusaciones de crímenes internacionales sin demora.
«El TPI tiene una oportunidad única de contribuir a la prevención de los crímenes extendidos cometidos contra civiles en Egipto», señaló el abogado Rodney Dixon, experto legal de la corte penal internacional.
Con una investigación, la fiscalía del Tribunal Penal «enviará un mensaje claro de que los asesinatos y los abusos no quedarán impunes y deben terminar», agregó Dixon.
