Tal como se esperaba, los magistrados de facto de la Corte Suprema de Justicia rechazaron, de una sola vez, los 31 recursos por inconstitucionalidad de la Ley 840, la cual otorga la concesión para construir el canal interoceánico al empresario chino Wang Jing. Los magistrados de facto echaron en un solo saco todos los recursos y los fusilaron en juicio sumario.
La sentencia de los magistrados de facto fue por unanimidad, no hubo ninguna disidencia, ni voto en contra, ni siquiera alguno razonado. Sin duda que los magistrados que pertenecen al FSLN, rechazaron los recursos porque los obliga la disciplina partidista y la obediencia a Daniel Ortega; y los magistrados del PLC que se sumaron al coro orteguista, seguramente creen que de esa manera podrán garantizar su permanencia en los lucrativos cargos que ejercen actualmente de facto, cuando se hagan los cambios o confirmaciones en la Corte que inevitablemente se tendrán que hacer después que entre en vigencia la contrarreforma constitucional.
Algunas personas cuestionan que se haya recurrido contra la Ley 840, si de todos modos de antemano se sabía y se esperaba que los magistrados de facto no iban a fallar conforme a derecho, sino por motivación política, y rechazarían todos los recursos. Incluso hay quienes creen que recurrir a la Corte Suprema de Justicia sometida al orteguismo, es hacerle el juego a la dictadura porque de esa manera se legitima ante la sociedad su poder ilegítimo. Sin embargo, nada puede legitimar lo que es espurio y a nuestro juicio fue correcto recurrir ante la Corte, porque este caso debe ser llevado hasta las instancias internacionales y para eso es indispensable agotar los recursos internos.
Por otra parte, en la lucha por la democracia los demócratas deben utilizar y aprovechar todas las posibilidades legales, institucionales y democráticas que estén a su alcance. Cuando en la pelea por la libertad y la democracia se renuncia a seguir empleando los métodos cívicos, pacíficos y legales, aunque estos sean precarios y se conozca que no van a producir los resultados deseables, es porque hay otras alternativas y se ha decidido emplear otros medios de lucha. Lo cual en la actualidad no es el caso de la oposición política, la sociedad civil y la ciudadanía nicaragüense en general que aspira al restablecimiento o reconstrucción de las instituciones de la democracia y pretende alcanzar ese magno objetivo.
Mientras haya una mínima posibilidad de luchar por la libertad y la democracia haciendo uso de los métodos legales y cívicos, hay que aprovecharla al máximo. La alternativa radical que mencionan algunas personas impacientes y desesperadas ante la cerrazón del régimen orteguista (o sea la lucha armada o violenta en cualquiera de sus formas, como la que emplearon los sandinistas para combatir a la dictadura somocista, hasta derrocarla, o como la que usó la Contra para combatir y tratar de derrocar a la dictadura sandinista que sustituyó a la somocista), esa no está a la orden del día y ni siquiera es deseable ahora ni nunca más en el futuro. Además de los terribles costos humanos y materiales que causa la violencia armada, la experiencia demuestra que, casi siempre, cuando una dictadura es derrocada de esa manera otra se instala inmediatamente en su lugar.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
