La resolución de la Corte Internacional de Justicia, rechazando la petición de Nicaragua de imponer medidas cautelares a Costa Rica por la construcción de la carretera paralela al río San Juan, no niega que se hubiera causado daños ambientales al estratégico curso fluvial nicaragüense. Lo que dice es que Nicaragua no presentó las pruebas pertinentes ni demostró la urgencia de imponer medidas cautelares previas a la sentencia sobre el conflicto. Según la Corte Internacional, lo que solicitó Nicaragua en su demanda de medidas cautelares es exactamente lo mismo que planteó en su petición original, de manera que tendrá que ser tramitada en esta “y no en medidas provisionales”.
El gobierno de Daniel Ortega ha tratado de minimizar el revés en la Corte de La Haya, incluso de presentarlo como si fuera una victoria de Nicaragua. Pero el hecho es que el país ha sufrido una segunda derrota jurídica internacional en apenas un mes, ya que en noviembre pasado la Corte favoreció a Costa Rica en una resolución intermedia sobre el conflicto por Harbour Head.
Evidentemente, el revés de Nicaragua en la resolución del viernes pasado, se debe a la arrogancia del gobierno de Daniel Ortega, que a su vez es causa de incompetencia en el manejo de conflictos de tanta delicadeza y requerimientos de consenso nacional, como son los conflictos fronterizos planteados en instancias internacionales. Así nos lo confirman las observaciones del científico biólogo, geógrafo y ambientalista nicaragüense, doctor Jaime Incer Barquero, quien valoró que la resolución de la Corte de La Haya se debió a que “hubo una falla de no atender con un estudio previo concienzudo, cuál era el problema y el efecto, y cuánto perdíamos en materia de afectación”. E ilustró el doctor Incer que él mismo sugirió que se contratara a especialistas de universidades e instituciones en ese campo, “pero de alguna manera no se tuvo en cuenta eso”.
El doctor Incer Barquero, además de ser una verdadera autoridad en la materia es asesor medioambiental de la Presidencia. Por lo tanto se supone que en la toma de decisiones sobre temas como el del río San Juan, él debería ser consultado y sus recomendaciones cumplidas al pie de la letra. Sin embargo, como el mismo doctor Incer lo ha dicho, el gobierno de Ortega no lo toma en cuenta en los asuntos sobre los cuales debería escucharlo, y el resultado se ha podido ver en los dos reveses seguidos que el país ha sufrido ante Costa Rica, en la Corte Internacional de Justicia.
A pesar de que tanto el doctor Jaime Incer Barquero —en los campos de su competencia— como los excancilleres y otros expertos de los anteriores gobiernos nicaragüenses en los conflictos fronterizos y los litigios planteados en La Haya, se esfuerzan públicamente por aportar sus experiencias y prodigar sus consejos bien fundamentados, el gobierno de Ortega los ignora con olímpica soberbia, ni siquiera los convoca como consejo asesor, solo los tomó en cuenta para presentarlos en un escenario enflorado, como convidados de piedra, cuando celebró la sentencia de La Haya en favor de Nicaragua, en noviembre del año pasado. Por cierto que si Nicaragua ha tenido éxito en el litigio marítimo con Colombia, es porque la razón que le asiste es tan evidente que prácticamente no necesita mayor demostración, pero sobre todo porque el actual gobierno se ha apoyado en el excelente trabajo jurídico y diplomático que realizaron las administraciones anteriores.
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