Ayer el oficialismo aprobó en la Asamblea Nacional sus reformas constitucionales, desoyendo las voces de rechazo de la mayoría de los nicaragüenses. Los diputados de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente, llevamos esas voces de rechazo al plenario y votamos en contra de esas reformas constitucionales, no por conveniencia ni por cálculos políticos, sino para no faltar a los principios bajo los cuales el Partido Liberal Independiente se fundó hace 70 años.
Durante días meditamos sobre cuál era la mejor forma para dejar clara nuestra posición de rechazo a estas reformas, que en el PLI consideramos innecesarias, sin ningún beneficio para los ciudadanos e ilegítimas porque están montadas sobre una violación a la Constitución y un fraude electoral. Hicimos muchas actividades encaminadas a mostrar este rechazo, pero principalmente a hacer conciencia en la ciudadanía del daño que estas reformas causan al pueblo de Nicaragua.
Primero, recorrimos el país para hablar con la gente que quiso escucharnos. Les transmitimos que nuestra oposición a esas reformas no era por simples motivos partidarios, sino más bien porque implicaban la pérdida de derechos ciudadanos que deberían darse por descontados en cualquier sociedad; porque regresaban a los esquemas militaristas del pasado; porque le daban ideología y religión a un Estado donde deberíamos caber todos y ponían en riesgo la libertad de pensamiento. Pero además porque esas mismas imposiciones, incluyendo la reelección indefinida, han sido causa de pasados conflictos armados y, seguramente, traerán nuevamente la confrontación fratricida a Nicaragua, si no rectificamos antes de que eso suceda.
Fuimos a hablar con la Iglesia católica, con las Iglesias evangélicas y con cámaras y asociaciones empresariales. Les planteamos el mismo panorama y muchos de ellos coincidieron con nosotros. Les dijimos que estábamos frente a un régimen que ponía en riesgo los derechos individuales de cada ciudadano y también la sostenibilidad económica de las empresas. Dejamos claro a todos que hoy no es tiempo de recriminaciones ni de fijar la mirada en el retrovisor, sino que es tiempo de juntar esfuerzos para preservar el más supremo de los derechos de un pueblo, el derecho a vivir en paz; derecho que está siendo amenazado por la concentración de poder y por la exclusión que conlleva.
Estas reformas no son solamente lesivas por su contenido, sino también ilegítimas por su origen, porque son producto del fraude electoral del 2011, de la autoasignación de más de veinte diputados que necesitaba el régimen de Ortega para tener la posibilidad de hacer un Estado y una ley a su medida. La bancada oficialista pretende hacer ver a nuestros veinticuatro diputados como diminutos ante ellos, pero los opositores que estamos en la Asamblea Nacional sí fuimos bien electos; los que no deberían tener derecho a estar en la Asamblea Nacional son los auto asignados.
Son los electores burlados y los diputados democráticos que hoy no están ahí por el fraude, quienes nos obligaron a ir a la discusión de las reformas y a expresarle en la cara al orteguismo el daño que le está haciendo al país, pero, más importante aún, por quienes nos comprometimos a votar en contra. Porque nuestros 24 votos en contra representan el voto de todos los ciudadanos que rechazan estas reformas; porque nuestros 24 votos en contra representan los votos robados al pueblo en el 2011, pero, sobre todas las cosas, porque nuestros 24 votos en contra representan a todos los luchadores que en Nicaragua han muerto por la libertad oponiéndose a cualquier tipo de dictadura.
Mi voto, y el de todos los diputados de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente, fue un grito de libertad, una condena moral a este régimen y dejó grabado para la historia el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses a perder su democracia.
El autor es diputado y coordinador de l PLI
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
