Carlos Tünnermann Bernheim
En su esencia, el pronunciamiento de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua sobre las reformas constitucionales es una extraordinaria y oportuna lección de ética política, que se corresponde con su “ministerio eminentemente religioso como testigos de Cristo”.
Como pastores de la Iglesia católica reconocen que no es su objetivo “ofrecer soluciones técnicas, de carácter jurídico o político”, sino “servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella”… Compartimos el alto concepto que le merece a la Conferencia Episcopal la Constitución Política, como “un símbolo de integración política” de manera que el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos y el ejercicio de los poderes del Estado no rebasen los cauces del Estado de Derecho.
Frente al propósito de incorporar a la Constitución símbolos e ideales propios de un determinado partido político y de una particular opción ideológica, el documento subraya que el destino de una Constitución Política es preservar “una convivencia social armónica y pacífica”, por lo que solo caben en ella “los símbolos, sentimientos, instituciones y afirmaciones ideológicas firmemente compartidos por todos en la sociedad”. En consecuencia: “Una auténtica Constitución Política debería finalmente, estar refrendada por la participación del pueblo, a través de un vasto proceso de consultas, sin exclusión de nadie ni de ningún sector de la sociedad y sin prisas inexplicables delante de un asunto tan grave para la nación”.
¡Qué enorme contraste entre lo que nos plantean los obispos y el procedimiento de consulta que se siguió para el proyecto de reformas constitucionales sometido a la Asamblea Nacional por el ejecutivo, con el apoyo sumiso de la bancada oficialista!
Coincidiendo con la opinión de muchos sectores representativos de nuestra sociedad, la Conferencia Episcopal, acertadamente reitera que lo urgente en estos momentos no es reformar la Constitución “sino purificar y rectificar la mentalidad y la práctica en relación con el ejercicio de la política” y, por lo mismo, abandonar definitivamente, la concepción del poder “como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular”.
Claramente señalan los obispos la inconveniencia de las reformas, por cuanto “reflejan la pretensión de un cambio substancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país”… Tras señalar las debilidades de la oposición política, la Conferencia Episcopal afirma categóricamente que “lo que urge en Nicaragua más bien es el cumplimiento de las normas constitucionales de parte de quienes ejercen el poder y el compromiso de todos los sectores de la nación y del pueblo en general por fortalecer los valores que conforman una auténtica democracia”.
La Conferencia Episcopal no entró a analizar los diferentes artículos propuestos para su reforma. Sus consideraciones se orientaron más bien al conjunto de la iniciativa, la que juzgan “orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”, lo que estiman como “una regresión autoritaria”.
Por todas las contundentes razones antes esgrimidas e inspirados en los valores del Evangelio y en el ejercicio del Magisterio Social de la Iglesia, los obispos manifiestan no estar de acuerdo con el proyecto de reformas constitucionales, cuya aprobación consideran no traerá ningún beneficio a la nación. Su criterio, que compartimos amplios sectores, lo externan en respuesta a la consulta que se les hizo y no “por motivos ideológicos ni indebida injerencia en el campo político, sino por las graves implicaciones religiosas y morales que comporta”.
Ojalá estas sabias reflexiones de nuestra Conferencia Episcopal, así como el lúcido pronunciamiento de los pastores de las Asambleas Evangélicas, sean debidamente tomados en cuenta por quienes tienen en sus manos una decisión de tanta trascendencia para el futuro del país.
La revalorización ética de nuestra política, y la purificación de la mentalidad con que es ejercida, deberían conducir a una rectificación del rumbo equivocado que llevamos. El ejercicio del poder y la política deberían ir siempre de la mano de la ética. El autor es jurista, educador y escritor.
