Editorial: El Cosep y la reforma constitucional
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha declarado su oposición a la reforma del artículo 92 de la Constitución, mediante la cual se pretende someter la comunicación informática al control político del Estado; es decir, del régimen de Daniel Ortega.
El martes de esta semana, en su escrito semanal que publica en LA PRENSA y el martes en declaraciones a los periodistas, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, expresó su desacuerdo con la mencionada reforma, la cual menoscabaría el derecho de las personas y de las empresas de usar libremente el recurso tecnológico más importante de nuestro tiempo, que es el internet, incluyendo el depósito y uso de bases de datos en los grandes servidores globales que facilitan la comunicación sin límites de fronteras y reducen los costos operativos.
En realidad, como ya lo habían señalado juristas independientes, representantes de la sociedad civil y políticos democráticos, el control estatal del internet, las redes sociales y las bases de datos depositadas en la nube informática, lesionaría el derecho de las personas a la libre información y perjudicaría a las empresas que en la actualidad utilizan la comunicación informática y la red como principal herramienta tecnológica.
En su artículo publicado el martes 12 de noviembre, el presidente del Cosep alertó que la reforma del artículo 92 de la Constitución fraguada por Ortega, “podría significar que no podría haber compras a través del internet, por ejemplo, e inclusive podría afectar el comercio electrónico, lo que va en dirección contraria a lo que hemos venido impulsando desde Cosep con el propio Gobierno, respondiendo así a las tendencias modernas del comercio”. Advirtió Aguerri que con el control estatal de la comunicación informática se podrían perder miles de empleos formales —por la desconfianza de los inversionistas— y señaló que “no podemos retroceder y mucho menos ir contra las tendencias modernas de comercio ni ponernos en contradicción con la realidad tecnológica mundial y muy posiblemente con tratados que Nicaragua tiene suscritos relacionados con este tema”.
Antes de su rechazo a la reforma del artículo 92 de la Constitución, que convertiría a Nicaragua en otro país carcelero de internet y de la tecnología informática (igual que China y Cuba comunistas), el presidente del Cosep ya había manifestado públicamente su desacuerdo con otra reforma constitucional orteguista: la que permitiría a los militares desempeñar cargos gubernamentales civiles, inclusive magistraturas judiciales que los involucraría directamente en la administración de justicia ordinaria.
El Cosep comparecerá ante la comisión de reforma constitucional el próximo 21 de noviembre. Como estas audiencias son cerradas a los periodistas y ocultas al público, esperamos que los mismos empresarios, o los diputados opositores miembros de esa comisión, den a conocer la posición de la cúpula empresarial sobre otros aspectos cardinales de la contrarreforma constitucional orteguista. Por ejemplo, la reelección presidencial ilimitada, la concentración de poderes en el Ejecutivo y otras que, aunque de manera directa no tienen que ver con los intereses empresariales, en el fondo sí son una amenaza a la libertad de empresa y al clima de negocios. Para entender esto basta ver lo que está pasando en los otros países del Alba, particularmente en Venezuela.
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