En su libro La ventaja competitiva de las Naciones, Michael Porter se pasa las primeras 800 páginas explicando qué es lo que deben hacer las empresas para ser competitivas, es decir, para mejorar su productividad total. En su libro Ventajas competitivas aplicado a las empresas, Porter esboza que la diferencia entre la productividad clásica y la competitividad es que esta va más allá de la productividad del producto y se extiende a la innovación para mejorar la productividad del empaque, de los canales de distribución, de la promoción y hasta la forma de fijar los precios u ofrecer descuentos. Si no aumentamos nuestra productividad total, los aumentos en el salario mínimo no serán sostenibles en el tiempo.
Muchos empresarios comienzan a leer en las últimas 400 páginas del libro, donde Porter explica qué es lo que deben hacer los gobiernos para facilitar la labor de sus empresarios en la tarea conjunta de impulsar la producción nacional y las exportaciones. Peor aún, muchos empresarios creen que el rol del Gobierno debe limitarse a facilitarles crédito barato para que ellos puedan desarrollarse en el mundo globalizado. Los viejos sueñan con el Infonac y los jóvenes quieren ver Produzcamos funcionando. De acuerdo con Porter, ambos casos están equivocados.
En realidad, el papel del Gobierno para hacer competitivo al país se reduce a dos tareas en macromercadeo: mantener bajo control los Costos de Transacción y fomentar la relación Universidad-Empresa.
Para mantener bajo control los costos de información los gobiernos deben facilitar la disponibilidad y el costo del acceso a internet. Eso significa promover la competencia. Limitar la competencia a dos o tres proveedores es fomentar un oligopolio que eleva los precios.
Para reducir el tiempo que se gasta en el proceso productivo, el Gobierno debe promover infraestructura energética, vial, portuaria y aeroportuaria que expedite el transporte: puertos, carreteras y aeropuertos ágiles (con aduanas transparentes que agilicen y no entorpezcan el proceso con trámites que no añaden valor sino que facilitan la corrupción).
En tercer lugar, el ambiente de negocios, tanto físico como legal debe ser seguro para proteger la actividad productiva y el gobierno debe generar certidumbre sobre las instituciones en el largo plazo para ampliar el horizonte de planificación del empresariado grande, pequeño y mediano.
Sin instituciones se podrán conseguir inversiones bajo contrato, como el caso de la generación eléctrica en la que los beneficiados obtienen utilidades privadas en un oligopsonio-oligopolio que eleva los costos de los demás productores, especialmente de los pequeños que no tienen capacidad de autogeneración.
También se podrán conseguir inversiones provenientes de países Alba e ideológicamente afines y en el cortísimo plazo, inversiones golondrinas de Estados Unidos en Zonas Francas, y en el caso de Canadá, en la extracción de oro que tan poco beneficio deja al país, pero no llegan las inversiones en agroindustria o en infraestructura turística, que son las que el país necesita para crecer a largo plazo. Se necesitarían diez “Guacalitos de la Isla” para hacer verano.
Aún más. La infraestructura es indispensable pero en sí no es suficiente. Para atraer inversiones productivas se necesita fortalecer las instituciones. Es precisamente la falta de instituciones la que llevó al inversionista de Hong Kong a pedir garantías leoninas para considerar invertir aquí. Con instituciones creíbles no se necesitaría comprometer ni las reservas ni la soberanía para atraer inversiones.
En cuanto al Programa Universidad-Empresa, excepto por los “casos” del Incae, y la Consultoría de Pacific Institute de American College, la relación es casi inexistente. Basta con ver los cientos de egresados anuales de Diplomacia, cuando en cancillería se abren siete a ocho cupos por año, mientras que en las empresas se quejan que faltan por cientos los ingenieros de sistemas que hablen inglés o los ingenieros agrónomos que sepan combatir la roya. El autor fue canciller de Nicaragua y funcionario del Centro de Comercio Internacional (UNCTAD/OMC): CCI.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
