En su discurso con motivo del 34 aniversario del Ministerio de Gobernación —antes Ministerio del Interior, MINT—, el lunes 28 de octubre recién pasado, Daniel Ortega dijo algo muy importante que, sin embargo, pasó desapercibido. Es que la política oficial de censura indirecta le impide a los medios de comunicación independientes tener acceso a los eventos gubernamentales, de manera que se ven obligados a monitorear los medios oficialistas y la falta de cobertura directa no permite a veces captar detalles importantes.
En realidad, lo que más llamó la atención a los periodistas, del discurso que Daniel Ortega pronunció en el mencionado aniversario, fue la insidiosa alusión a los obispos que han hablado sobre la presencia de alzados en armas contra el régimen orteguista en las zonas rurales del norte de Nicaragua, a los cuales prelados, sin mencionarlos, calificó como “sembradores de odio y de cizaña”.
Pero Ortega también se refirió a la demanda política cívica de que se restablezca la integridad de la institucionalidad democrática del país, la cual ha sido erosionada y desnaturalizada por el autoritario régimen orteguista. Un reclamo que por cierto no es solo de la oposición partidista, sino también de la sociedad civil, de la misma Iglesia católica e incluso de la clase empresarial que tiene buenos mecanismos de entendimiento con el Gobierno.
“Esas instituciones que añoran algunos, ese tipo de instituciones ya pasaron al basurero de la historia y tengan la seguridad que aquí en Nicaragua fueron enterradas para siempre por el pueblo. ¡Y no volverán, no volverán a aparecer en nuestra historia!”, amenazó Ortega al final de su perorata del lunes 29 de octubre. Antes de decir eso, Ortega, para sostener y justificar su dicho de que “esas instituciones no volverán”, de manera maliciosa confundió deliberadamente las instituciones democráticas (cuyo restablecimiento integral demandan las fuerzas sanas de la nación) con las instituciones pinochetistas que hubo en Chile y con las instituciones somocistas que existieron en Nicaragua el siglo pasado.
Asociar las instituciones pinochetistas de Chile con las instituciones democráticas de Nicaragua que el propio Ortega ha venido socavando desde 2007, es un soberano disparate. Pero además hay una mala intención al identificar las instituciones democráticas cuyo restablecimiento reclaman la oposición, la sociedad civil, la Iglesia y los empresarios privados, con las instituciones somocistas. En todo caso es al revés, pues son las instituciones autoritarias que viene construyendo e imponiendo Daniel Ortega desde su restauración en el poder en 2007, las que se parecen bastante —y en muchos aspectos son idénticas o peores— a las instituciones de la desaparecida dictadura somocista.
Las instituciones democráticas que Daniel Ortega ha degradado y que la ciudadanía exige sean restituidas integralmente, son el sistema de elecciones libres y limpias para cambiar gobierno de manera pacífica; la separación y autonomía de los poderes del Estado; el Estado de Derecho y la justicia independiente; el respeto del gobernante a la Constitución y su subordinación a la ley; el control social de la administración pública; la transparencia gubernamental; el acceso a la información pública y el respeto a la libertad de información.
Esa institucionalidad democrática se ha perdido, por ahora, pero sin duda que tarde o temprano el pueblo nicaragüense sabrá y podrá recuperarla.
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