San Salvador/ACAN-EFE
La Sala de lo Constitucional de El Salvador admitió este viernes una demanda contra la Secretaría de Cultura de este país porque presuntamente quiere acceder al archivo de la disuelta oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador mediante su intención de declararlo «bien cultural».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió hoy una demanda de amparo iniciada por un representante de la Arquidiócesis de San Salvador contra una resolución emitida por la Secretaria de Cultura de la Presidencia y el Director Nacional de Patrimonio Cultural, Gustavo Milán.
Esa resolución busca el «Reconocimiento y Declaración Cultural del Archivo Documental Histórico de la (disuelta) Oficina de Tutela Legal del Arzobispado», precisa un comunicado de la Sala.
De acuerdo con el demandante, de llegarse a concretar la declaración de bien cultural del archivo, «los datos en ellos contenidos se pondrán al libre acceso y consulta de la población».
«En ese sentido, argumentan que el archivo no puede ni debe ser exhibido a terceras personas ajenas al bien de las víctimas, y corresponde a la Iglesia Católica su resguardo, procediendo con absoluta imparcialidad como lo ha venido ejecutando a lo largo de la historia», añade.
Por lo tanto, la Sala admite la demanda por la «presunta vulneración a la garantía institucional de autonomía de la Iglesia Católica y el derecho a la autodeterminación informativa de las víctimas cuyos datos e informaciones obran en los archivos de dichas oficinas», enfatiza el boletín.
El archivo de la disuelta oficina «Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador», en el que se presume hay más de 50.000 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, en su mayoría cometidas durante el conflicto armado (1980-1992), está en situación de resguardo en el Arzobispado, luego de que el 18 de octubre la Fiscalía intentara incautarlo.
Sin embargo, la Secretaria de Cultura aseguró recientemente, a través de un comunicado, que la resolución para iniciar el proceso de declararlo patrimonio es únicamente con la «intención de proteger este bien cultural histórico que le pertenece a la iglesia católica y al pueblo salvadoreño».
«Con el único propósito de asegurar a las generaciones venideras la conservación y acceso a este valioso patrimonio histórico», agregó.
La iglesia, por medio del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en reiteradas ocasiones ha asegurado que no permitirá a nadie sustraerlo ni revisarlo.
La Conferencia Episcopal salvadoreña señaló el domingo que los documentos no deben ser expuestos a «manipulaciones de terceros».
Tal archivo es «propiedad de la iglesia» y le corresponde al arzobispado de la capital salvadoreña «custodiarlo» y «resguardarlo de manipulaciones políticas-ideológicas», detalló la Conferencia Episcopal a través de un comunicado que fue leído por el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.
