En todos los países civilizados y políticamente decentes —o sea democráticos—, la aprobación de una constitución, o de reformas constitucionales, es un acto político y jurídico trascendental que involucra no solo a los gobernantes (ejecutivos y legislativos), sino a toda la sociedad, a través de sus diversos medios de representación. Pero este no es el caso de Nicaragua.
Los diputados nicaragüenses, tanto oficialistas como opositores, dicen que la nueva reforma constitucional es inminente pero no conocen su contenido ni en qué dirección apunta. En este caso, los diputados no faltan a la verdad. Los parlamentarios orteguistas no conocen el contenido de la reforma, porque el rol que les han asignado y ellos cumplen sumisamente consiste solo en ratificar formalmente —sin derecho a discutir y mucho menos a cuestionar—, lo que les mandan ya elaborado y aprobado desde el centro de mando del poder absoluto de Nicaragua, que es cuartel general de Daniel Ortega. Y los opositores tampoco saben en qué consiste la susodicha reforma constitucional, aunque lo intuyen, porque en el sistema de gobierno autoritario y centralista que Ortega ha impuesto, la oposición parlamentaria es un adorno accesorio. En Nicaragua la oposición no es como en un país democrático, o sea, complemento eficaz del Gobierno para que las leyes recojan hasta donde sea posible el consenso nacional, o al menos para incorporar ideas e intereses de sectores sociales y políticos no oficialistas.
Pero aunque los diputados del gobierno y la oposición no conozcan las nuevas reformas constitucionales, de hecho estas ya han sido aprobadas por el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Lo único que hace falta es cumplir la formalidad de ratificarlas en ese elefante blanco que se llama Asamblea Nacional, solo está pendiente que los diputados oficialistas las voten en primera legislatura, antes que termine el presente año; y que en 2014 las vuelvan a votar en segunda legislatura, en el momento que quiera Ortega pero en todo caso dentro del plazo que quedó establecido en el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua.
Por ahora, los juristas constitucionalistas independientes y diputados de la oposición solo pueden hacer pronósticos sobre el contenido de las reformas constitucionales orteguistas que se conocerán próximamente. Estiman que las reformas son ante todo para adecuar la Constitución a las condiciones del contrato canalero con Wang Jing, o con China comunista que al parecer está detrás del proyecto para construir y explotar el Canal Interoceánico por Nicaragua. En segundo lugar las reformas son para constitucionalizar el mecanismo de entendimiento del gobierno con las cúpulas de la empresa privada y corporativizar la participación de la empresa privada en la gestión pública. Y a partir de allí las reformas constitucionales son como una Caja de Pandora, que solo falta abrirla para que salga cualquier clase de calamidades nacionales, como la reelección presidencial sin límite, la asignación de poderes casi absolutos a Ortega, la subordinación de los poderes del Estado al Ejecutivo, etc.
Ortega no necesita ni un solo voto opositor para la ratificación formal de sus reformas constitucionales que de hecho ya están aprobadas. La reducida y marginada oposición parlamentaria solo tiene derecho de hablar y de votar, y suponemos que lo hará para rechazar de plano las nefastas reformas constitucionales orteguistas.
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