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El Tribunal Supremo venezolano celebró este jueves una audiencia contra la diputada opositora María Mercedes Aranguren, acusada de corrupción y que podría perder su escaño, lo que según la legisladora permitiría reunir los 99 votos en la Asamblea Nacional para otorgar superpoderes al presidente Nicolás Maduro.
El Tribunal Superior inició «audiencia oral y pública para conocer el antejuicio de mérito» solicitado por la fiscalía general contra Aranguren «por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales», informó la institución en un comunicado.
Los magistrados determinaron que se «requiere realizar actos de investigación» contra la legisladora y que el pleno del Tribunal deberá, «dentro de los próximos días», pronunciarse sobre si hay o no méritos para su enjuiciamiento».
Aranguren, una exchavista ahora opositora, es investigada en el marco de un supuesto fraude con recursos públicos para obras de mantenimiento de un centro deportivo en el estado de Monagas (este), cuando ella era funcionaria local.
La diputada, a la que se le retiraría el fuero constitucional y su escaño en la Asamblea Nacional en caso de que se inicie un juicio formal en su contra, ha denunciado que su caso tendría motivaciones políticas. «La persecución viene de cuando nos separamos de las filas del (gobernante Partido Socialista) PSUV», dijo Aranguren a la prensa al salir de la audiencia en el Tribunal.
La legisladora sostuvo que el juicio en su contra tiene como fin que deje su escaño en la Asamblea para que entre su suplente y así los diputados oficialistas «tengan la ley habilitante» solicitada por el presidente Maduro el 15 de octubre.
La constitución venezolana establece que se requieren de 99 votos (tres quintas partes) de la Asamblea Nacional para aprobar la habilitante, pero el chavismo cuenta con 98 diputados y los opositores han advertido que no la votarán.
Aranguren detalló que este caso se inició en 2008 y que es ahora cuando se le imputan cargos. «Resulta que hoy, previo a una solicitud del señor Maduro para una habilitante se opera de una forma obvia y grosera. Es una parte más del show y la Asamblea seguramente levantara la inmunidad», dijo.
Maduro ha pedido la ley habilitante durante un año a fin de emitir decretos para combatir la corrupción y una supuesta guerra económica de sectores privados ligados a la oposición.
Sin embargo, la oposición ha señalado que la habilitante podría ser utilizada con fines políticos con miras a las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas un plebiscito sobre la gestión de Maduro.
