Tania Sirias
Awastigni sigue siendo un referente en la lucha de los territorios indígenas del país, ya que por primera vez el Estado de Nicaragua fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violentar sus derechos a la propiedad comunitaria.
“Recordemos que hace meses se inició una investigación sobre el tráfico de tierra, pero luego se detuvo. En este caso hubo abogados enjuiciados, quejas en la Corte, pero todo se dejó de escuchar. Lo que quedó claro fue que en el negocio forestal estaba metido Alba-Forestal y por eso hay un aura de protección a ese negocio por parte del Gobierno”, expresó el diputado opositor.
Núñez señaló directamente al Gobierno de promover las tomas de tierra en territorios indígenas, ya que los colonos se encargan de despalar y Alba-Forestal compra la madera.
“La aparición de Alba-Forestal ha venido a corromper muchísimo. Hay que tomar en cuenta a las fuerzas de investigación, la Fiscalía y la Policía, no solo son los recursos que asignas para demarcación, este es un tema que se debe volver a poner en agenda y pedir una investigación, ya sea a través de la Comisión de Medioambiente o a través de la Comisión de Probidad”, recomendó Núñez.
[/doap_box][doap_box title=”Solo destrucción y contaminación” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]
Comentó que a la par de la explotación maderera se enfrentan a los efectos contaminantes de los güiriseros, quienes contaminan los ríos con mercurio para extraer el oro.
“Están contaminando las fuentes de aguas, los criques y nadie hace nada. Ahí deberían actuar los Batallones Ecológicos del Ejército, pero a pesar de que hay denuncias y reclamos, no hay apoyo de parte de las instituciones del Estado”, criticó Rivera.
Agregó que “La Ley Demarcación Territorial establece cinco etapas en la demarcación y titulación de territorio. Son 22 territorios aproximadamente y más de 300 comunidades de indígenas y afrodescendientes. La etapa medular para nosotros es la etapa de saneamiento para concluir la legalización de los territorios”.
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Diez años han transcurrido y a pesar de que se logró la aprobación de una legislación que protegiera los derechos de la tierra indígena, aún queda pendiente el saneamiento de sus territorios.
La jurista Lottie Cuningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), dijo que esta demanda “responsabilizó y obligó” al Gobierno de Nicaragua a crear mecanismos de titulación y saneamiento, como es la Ley 445, o Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Sin embargo, ahora enfrentan el problema de la invasión de sus tierras y por ende la destrucción de sus recursos naturales.
Un ejemplo claro de esto, dijo Cuningham, es que en 2003, cuando Awastigni hizo su demanda, en el territorio indígena habían 49 familias viviendo, diez años más tarde, según el último diagnóstico que se hizo, se comprobó que hay más de 400 familias, siendo la mayoría colonos invasores.
“Los wihsta (jueces) y síndicos ceden ante la presión de las empresas y la pobreza, lo que a su vez ha provocado la corrupción en el Estado. Las constancias que tienen la mayoría de los terceros que se encuentran en los territorios indígenas, son constancias extendidas por los políticos, diputados, alcaldes y por los propios concejales tanto municipales y regionales”, denunció Cuningham.
LOS TERCEROS
El dirigente de la organización indígena Yatama, Brooklyn Rivera, coincidió con Cuningham y afirmó que la ley avanza satisfactoriamente en la titulación, pero que el problema está en el saneamiento de los territorios. “Esto implica definir la situación jurídica de los terceros, es decir, los que no son originarios de estos territorios, los colonos, las personas que han invadido y ocupado esos territorios”, indicó.
Rivera expresó que las autoridades indígenas están presionando al Gobierno, a través de sus instituciones, para que brinden la seguridad jurídica.
Además lamentó que los terceros hacen una invasión destructiva, ya que acaban con los recursos maderables, contaminan los ríos y acaban con los espacios de vida en las reservas indígenas.
“Es necesario que la Procuraduría de la República, la Intendencia de la Propiedad, el Ejército, la Policía, el Ministerio del Ambiente nos acompañen y den respuesta a todas estas denuncias, ya que cada día se va aumentando la invasión de colonos en la zona”, señaló Rivera.
Afirmó que lamentablemente estos terceros están siendo respaldados por las alcaldías y los operadores políticos de los partidos, “los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC), los Gabinetes de Familia, pues les construyen centros de salud, escuelas y viviendas, a pesar que están ilegales en esos territorios”, denunció Rivera.
