Alfredo Gutiérrez
Ciudadanos pobres y, mayoritariamente, de Managua, en las últimas semanas han sido sometidos a un sistema de pago del transporte colectivo feroz, inclemente, salvaje, inhumano y rapaz, desplegado al mejor estilo verticalista del FSLN.
La modernización es buena y su objetivo es facilitar a los humanos sus procesos diarios en diversas áreas y campos. Pero la imposición de las tarjetas de transporte en Managua, luego de aproximadamente dos meses, no solo no ha proporcionado facilitación, sino que, por el contrario, ha dejado un calvario de penurias, atrasos y despojos a los usuarios.
Así es que el intento de implementación forzada, lo mismo que la reacción desmedida por acallar los todavía pequeños pero muy válidos actos de repudio al sistema que se pretende imponer, no puede ser menos que referido como propio de las medidas que la realeza imponía a sus súbditos en los reinados del siglo XVII.
Pero, sin demeritar ni un milímetro lo grave de lo antes referido, es muy posible que lo que realmente se pretende es reducir el subsidio al transporte urbano colectivo de la ciudad capital.
Lo que era un secreto a voces, y que hoy es evidente, es que el convenio petrolero con Venezuela ya no cuenta con las mismas condiciones con las cuales originalmente se convino. Estamos, pues, frente a un escenario donde el exportador (Venezuela), sumergido en una severa y profunda crisis, el Gobierno busca la “solidaridad” de sus “aliados”, para hacer efectivas sus cuentas por cobrar por adelantado y con mayores intereses que los originalmente pactados.
Esta urgencia por liquidez financiera del país petrolero del sur, por simple lógica nos indica que genera una inesperada presión en las finanzas de Albanisa y el Gobierno, entidades de donde provienen los recursos para el subsidio al transporte colectivo de Managua.
Es así que, basado en infinidad de denuncias ciudadanas publicadas en medios independientes y oficialistas, podemos suponer que los usuarios introducen un valor “x” a su tarjeta, pero, al proceder a utilizar su dinero prepagado, el sistema, por error técnico, les reconoce un valor “y”, inferior al originalmente introducido como “x”, generando un diferencial económico positivo en el sistema del concesionario.
Pero, ojo, en ese supuesto no es el concesionario ni son las cooperativas las que chinearían con ese diferencial positivo. De forma electrónica, la empresa concesionada transfiere todo el dinero cobrado a cada cooperativa, obviamente deduciendo su porcentaje de ganancia. Luego, en reporte cruzado, el concesionario informa al Estado de lo desembolsado a cada cooperativa. Y es aquí donde el Estado saca ese valor positivo a su favor.
En ese supuesto, con una simple operación matemática, el gobierno, de los fondos destinados al subsidio del transporte, resta, al valor que debería entregar como subsidio a los transportistas, el diferencial financiero positivo y, de esa manera, se disminuye y/o elimina el subsidio al Transporte Urbano Colectivo (TUC) de la ciudad de Managua.
Ante este supuesto, podríamos concluir que estaríamos frente al fin del subsidio al transporte antes referido de nuestra ciudad capital y ante un incremento disfrazado al pasaje de dicho transporte público. El autor es Concejal PLI.
