El obispo de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, clamó contra el derramamiento de sangre en las zonas montañosas de ese departamento norteño del país. Su aflicción es por los enfrentamientos de grupos de campesinos —que se identifican como alzados en armas contra el gobierno autocrático de Daniel Ortega—, con el Ejército, que los denigra llamándolos “grupos delincuenciales, la misma descalificación que la dictadura somocista hacía del general Sandino y de los guerrilleros del FSLN cuando operaban en esas montañas de Nicaragua.
“Ya son varios los muertos, tanto militares como rearmados. La gente pobre del campo es la que sufre esta situación, llevándola a una inestabilidad social y un sentimiento de persecución”, expresa el obispo de Jinotega en un comunicado que dirigió a la nación pero ante todo al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega y a los alzados en armas.
Monseñor Herrera pide al Ejército respetar los derechos humanos de los civiles que “no tienen culpa de que anden personas armadas en esos lugares”; llama al Gobierno a buscar “la forma de dialogar con dichas personas armadas, pues la violencia engendra violencia”, y lo exhorta a “actuar con sabiduría para realizar un verdadero diálogo para evitar más violencia y muerte en nuestra Nicaragua tan sufrida”.
El prelado, como el buen pastor que es, no toma partido por ninguno de los dos bandos. De la misma manera que pide al Ejército respetar los derechos humanos de los campesinos y al Gobierno que busque el diálogo para poner fin a la violencia letal, también recomienda a los combatientes irregulares que reclamen sus derechos “de una manera cívica, para así evitar más el dolor de las familias y el derramamiento de sangre ”
Es justa esta preocupación pública del obispo de Jinotega, que ha sido respaldada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez y seguramente representa el sentir de toda la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El pueblo nicaragüense ha sufrido mucho por la violencia política. La lucha armada para dilucidar las diferencias políticas y buscar la toma del poder, ha sido una constante en la historia nacional por culpa de los gobernantes dictatoriales que han cerrado la vía pacífica, cívica y legal para cambiar gobierno y practicar la alternancia gubernamental. Las mismas personas que ahora detentan el poder, lo conquistaron en 1979 mediante la lucha armada, lo mantuvieron a sangre y fuego hasta abril de 1990, lo recuperaron en 2007 gracias a triquiñuelas pactistas y lo mantienen por medio de fraudes electorales, atropellos a la Constitución y a las instituciones, e intimidación de la ciudadanía, negándole el derecho a elecciones libres, justas y limpias.
Pero los alzados en armas son solo un síntoma del mal integral que sufre Nicaragua y un diálogo aislado entre ellos y el Gobierno, sería únicamente para su rendición incondicional. Un diálogo para resolver la crisis institucional del país tendría que ser multisectorial, nacional y de buena fe, con el objetivo de restablecer la institucionalidad republicana y la transparencia electoral; para resolver las diferencias políticas por medio de los votos y no de las balas en las montañas ni de choques violentos en las ciudades. Pero no es esto lo que quiere Daniel Ortega, sino imponerse para siempre en el poder.
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