Dada la desafortunada manera en que las relaciones entre Nicaragua y Colombia han ido escalando, se hace difícil ignorar la posibilidad de un eventual conflicto bélico entre Nicaragua y otro país.
De ahí nace la inquietante y provocativa pregunta sobre la autoridad que pudiera tener Daniel Ortega para mandar a un solo joven nicaragüense a la guerra.
Aunque de acuerdo al artículo 144 de la Constitución, el presidente de la república es el jefe supremo del Ejército de Nicaragua, en el caso de Ortega, como presidente inconstitucional, su autoridad sobre las Fuerzas Armadas atenta contra la estabilidad constitucional; en cuanto a la eficacia política, la seguridad jurídica y la libertad del pueblo se refiere.
Dado que la soberanía (como el poder absoluto) de una Nación, por definición, reside en el pueblo, Nicaragua tiene —como prioridad— defenderla contra el mismo Ortega, por haber conculcado el derecho de la ciudadanía a elegir a su presidente y sus leyes.
En este sentido, el presidente inconstitucional Daniel Ortega no tiene potestad sobre las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Además, sus acciones no conducen a la paz interna ni a la obediencia, ya que él está falto de toda virtud y derecho. En nuestro caso, la ley natural se antepone a la ley civil. Esto quiere decir que en la Nicaragua actual toda orden —de parte de Ortega— a dar la vida en aras de la soberanía, justificaría la desobediencia civil y la rebelión militar.
Es imposible ignorar los antecedentes de Ortega y su habitual irrespeto a las leyes. A pesar de que el artículo 96 de la Constitución prohíbe el servicio militar obligatorio, no podemos más que predecir que él violaría dicho artículo.
De la misma manera, el presidente inconstitucional, en su discurso conmemorando el 34 aniversario del Cuerpo Médico Militar, advirtió que para preservar la paz en el país no desea un golpe de Estado. Y agregó: “Eso está garantizado por la calidad del Ejército, de la Policía, de las instituciones que surgieron con la revolución (sandinista)”.
Lo anterior demuestra que Ortega duda de la lealtad de las Fuerzas Armadas, pero todavía las ve como propias; como agrupaciones sandinistas revolucionarias, contrariando el artículo 93 de la Constitución, que establece el carácter profesional, apartidista y apolítico de dichas instituciones.
En el caso de la presidencia de Ortega, los nicaragüenses no contribuimos a crear esa autoridad, ni a ser parte de ella. Aquí se violó nuestra voluntad, por lo tanto, no estamos sujetos a dicho mando.
En Nicaragua solo la voluntad general puede señalar lo que es beneficioso para nuestra sociedad. Es de esa voluntad que emana el derecho de defender nuestra soberanía, de ejercer el sufragio universal y reconquistar el poder. Como dijo Bolívar: “No son los hombres vulgares los que pueden calcular el eminente valor del reino de la libertad”.
Apartando lo hipotético, los nicaragüenses tenemos un alto grado de cultura cívica, pero somos una “sociedad hipnotizada”. Por eso, la imagen internacional de Nicaragua es hoy la de un país colapsado, fallido, de débil estructura moral, de naturaleza ilegítima, sin libertad e incapaz de actuar de manera civilizada.
Así, mientras Ortega permanezca en el poder y no logremos establecer un gobierno legítimo en Nicaragua, todo litigio internacional tenderá a producir convenios desventajosos, porque aunque ganemos alguna aparente batalla bajo el techo de una organización internacional o entre apretones de manos, la realidad apunta a la imposibilidad de ganar contienda alguna, bajo este nublado cielo o sobre este confuso mar.
El autor es economista y escritor.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
