Sin explicar por qué, al presentar a los presuntos asesinos de William Calderón —muerto a balazos el pasado 28 de septiembre mediante una operación típica del sicariato— la Policía Nacional omitió el dato de que uno de los sospechosos era miembro de la institución policial y el otro estaba vinculado a ella. Esto se conoció hasta que los familiares de los acusados lo revelaron.
Nadie puede acusar a la Policía de ser criminal porque alguno de sus miembros comete un crimen. Las instituciones no delinquen, sin perjuicio de que en determinados casos tengan que asumir responsabilidades civiles por los delitos que cometen sus miembros. Quienes delinquen son los individuos y ellos deben responder ante la justicia por los crímenes cometidos.
De manera que la Policía no tenía por qué ocultar que los asesinos de Calderón —quien además había sido un informante de dicha institución— estaban vinculados a ella. Por el contrario, debía ser la más interesada en dar a conocer ese dato tan importante a fin de prevenir suspicacias. Cualquiera que sea el motivo que tuviera la Policía para haberlo omitido, ha sido contraproducente para la misma institución porque el ocultamiento motiva la sospecha, sobre todo considerando los antecedentes del occiso y de sus presuntos asesinos.
La experiencia internacional está llena de informaciones e historias sobre corrupción policial y policías criminales, las cuales ilustran sobre este asunto y enseñan que la mejor manera de luchar contra la criminalidad de agentes y jefes de la policía es reconocerla y denunciarla, no ocultarla para supuestamente proteger el prestigio y el honor de la institución. En todos los cuerpos policiales del mundo hubo y hay casos de involucramiento de algunos de sus miembros en acciones criminales, de colusiones de policías de base y de los altos mandos con el crimen organizado, el cual, por el carácter y la magnitud de sus operaciones destina para ello inmensas cantidades de dinero. Los policías de abajo, mal pagados y discriminados, son susceptibles de ser sobornados; y en las alturas, la codicia de algunos jefes policiales los induce a aprovechar su posición para enriquecerse de manera fácil, mediante la complicidad con el crimen organizado que siempre está tratando de infiltrar las instituciones de seguridad pública y justicia, a fin de facilitar y blindar sus actividades delictivas. Ninguna Policía está a salvo de esto, ni siquiera aquellas que se creen invulnerables por sus orígenes políticos, revolucionarios y comunistas.
En febrero de 2012, la directora general de la Policía de Nicaragua habló para la revista británica The Economist sobre el mito de que este es el país más seguro y el que tiene el mejor cuerpo policial de la región. Y aseguró la funcionaria que este fenómeno se debe a la calidad moral de la Policía derivada de su origen revolucionario. “No sabíamos cómo ser policías, pero no queríamos ser como la Guardia somocista”, sentenció la entonces legítima y ahora de facto jefa de la Policía Nacional. Sin embargo, en diversas ocasiones altos jefes de esta Policía nacida de la revolución de 1979 han sido vinculados con acciones delictivas de diversa magnitud. Además, fueron miembros prominentes del Ministerio del Interior de la época sandinista los que cometieron crímenes tan execrables como, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Salazar, Arges Sequeira, Enrique Bermúdez y Carlos José Guadamuz.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
