La política criolla no está como para ocuparse de ella. El panorama político es desolador para la democracia, aunque no para el orteguismo.
Según la encuesta de Cid Gallup de septiembre pasado, Daniel Ortega tiene un respaldo del 56 por ciento de la ciudadanía y el partido orteguista FSLN es apoyado por el 52 por ciento de los encuestados. En cambio, al principal partido de oposición parlamentaria, que es el Partido Liberal Independiente (PLI), lo respalda apenas el 3 por ciento. Y sorprendentemente el PLI es superado al doble por el PLC de Arnoldo Alemán, que según dicha encuesta tiene el 6 por ciento de respaldo. Y todos los demás partidos apenas suman un ridículo uno por ciento de la aceptación popular. Para la democracia y para los demócratas nicaragüenses esta es sin duda una penosa situación.
En realidad, parece un contrasentido de la conciencia ciudadana que Daniel Ortega tenga ese gran respaldo popular que registra la encuesta de Cid Gallup, siendo que violó flagrantemente la Constitución para imponer su reelección presidencial, que ha convertido el sistema electoral en un taller de fraudes, que ha socavado y pervertido las instituciones democráticas, que gobierna prácticamente por decreto y pasa sobre el ordenamiento legal del país cada vez que le conviene, incluso cuando no necesita hacerlo, solo por arrogancia y abuso de poder.
Los políticos que gobernaron durante el ciclo democrático de abril de 1990 a enero de 2007 y ahora están en la oposición, no escapan de la culpa por esta situación crítica de la democracia. Ellos tenían la obligación de preservar la democracia y la libertad que fueron conquistadas con grandes esfuerzos y sacrificios por el pueblo nicaragüense, pero las echaron a perder.
Sin embargo, los culpables principales de que en Nicaragua ya no haya elecciones libres, de que los poderes del Estado perdieran su independencia, de que desapareciera el control institucional sobre el Gobierno, de que las concesiones de proyectos y obras públicas se otorguen sin licitación, de que no haya un capitalismo sano basado en la libre competencia y la igualdad de oportunidades, de que la libertad de expresión y de prensa sea restringida y que las fuerzas armadas perdieran el profesionalismo apartidista que manda la Constitución, son sin dudas de ninguna clase Daniel Ortega y el FSLN.
Ortega, en enero de 2007 recibió un mandato presidencial de cinco años —ni un día más— para que ejerciera el poder respetando la Constitución, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. El mandato a Ortega fue para que gobernara en beneficio de todos los nicaragüenses, no solo de sus partidarios. Y para que al cabo de cinco años, en noviembre de 2011, garantizara la celebración de elecciones transparentes y justas en las cuales los ciudadanos pudieran elegir libremente a la persona que lo debía suceder, nunca a él mismo porque lo prohibe expresamente la Constitución.
Pero ante la traición de Daniel Ortega a la Constitución Política de la República, lo que corresponde hacer no es resignarse ni acomodarse a las condiciones de la nueva dictadura orteguista. Es necesario luchar contra ella, hay que fortalecer a los partidos democráticos limpiándolos de los líderes corruptos y pactistas, es preciso recuperar el buen sentido y práctica de la política como medio para la búsqueda de la democracia y la libertad.
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