Lucía Navas
El sector privado nicaragüense se cansó de no lograr que ni la Presidencia de la República consiga que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) desista de los abusos e irregularidades en los trámites de importación y exportación de mercancías. Por eso, los empresarios locales se unieron al resto de federaciones empresariales de la región y elevaron un listado de quejas ante la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), donde detallan los obstáculos al comercio.
De las 43 trabas regionales detectadas en los países, 15 se presentan en los puestos aduaneros de Nicaragua. Los abusos del personal aduanero van desde multas mínimas de cincuenta dólares al transportista de carga —por cosas simples como correcciones en la declaración de la mercancía— hasta retención de furgones y del producto por subvaloración sin sustento legal, así como pagos por estadía obligada en el antepuerto Punta Icaco, en Corinto.
Se llega al extremo que el personal de aduana hace la valoración de vehículos, repuestos y accesorios usados importados hasta cuatro veces mayor al precio pagado en el exterior.
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