La actual oposición tuvo, desde el inicio de los noventa hasta la primera década de este siglo un sesenta por ciento de los votos. Este año la intención del voto ha descendido al diez por ciento. Sin cuestionar la validez de ese dato, este decrecimiento debe ser un motivo de reflexión. ¿Por dónde comenzar para cambiar esta situación? En la ciudadanía, más que apatía hay un escepticismo de la capacidad que tenga la oposición para incidir a su favor en el sistema político.
Posiblemente los ciudadanos desearían una relación permanente y un compromiso del político a quien le dan su voto, a cambio de recibir una solución a sus problemas o al menos intentarlo. Si no es posible, puede generarse la percepción que los políticos electos están más preocupados en su reelección que en la lucha por los intereses de sus representados.
Esta situación es agravada por el control del ochenta por ciento de los medios de comunicación por la pareja presidencial. Esto no significa que los mismos tengan influencia en un porcentaje similar de la población, muchos desafectos a este Gobierno vuelven su mirada a los canales y programas independientes que todavía quedan, muy a pesar del Gobierno, que no los suprimen porque representan la “libertad de expresión” en el país.
A esto se suma que algunos periodistas independientes promueven el desánimo en la población, posiblemente no se lo propongan, pero ese es el resultado. En vez de jugar un papel constructivo para que la gente se interese en la participación de los asuntos públicos para que haya cambios.
Hay quienes piensan que para restaurar la institucionalidad hace falta resolver la elección de los cargos según la cuota: cada quien elige a los suyos sin que la contraparte los vete. Esa visión pragmática considera que tener a uno o dos magistrados “independientes” les facilitará la denuncia de la falta de cédulas o el fraude.
Son cambios para que todo quede igual, dejando intacta la esencia de la estrategia de Daniel Ortega, quien ha demolido el sistema de pesos y contrapesos, en tanto proyecta una democracia representativa que, al ser decorativa, amenaza la sobrevivencia de los partidos de oposición, quienes al aceptar estas reglas serán los principales perdedores, porque se profundizará la desconfianza de sus votantes y su continuo descenso en las encuestas.
La impotencia de los políticos y sus adeptos genera una cultura de la victimización. La población deja de creer en sí misma, ve que el voto válido está del lado de la chequera o de las fuerzas coercitivas que manejan el poder económico y político de este país. Si creemos que la política no tiene alternativa, terminamos por no tenerla.
La desesperación puede hacer que la población desafecta a este Gobierno por la degradación de las instituciones busque soluciones extremas: salidas violentas, líderes mesiánicos que hacen exactamente lo contrario de los ideales por los cuales luchaban.
El reto está en recuperar la confianza de la gente en el sistema electoral, que su voto verdaderamente cuenta para elegir y delegar su fracción de autoridad en el nombramiento de personas honestas, transparentes, competentes, independientes y, sobre todo, que están al servicio de los intereses generales de la nación.
Es importante un liderazgo que tenga contacto directo y permanente con la población y un discurso que recoja las necesidades más sentidas. La conexión y credibilidad de los electores en el sistema político y la recuperación de su interés en hacer de la política la causa y el cauce civilizado de su participación será posible cuando se generen verdaderos cambios favorables al ciudadano. El autor es Sociólogo.
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