El gobierno de Daniel Ortega está manejando de manera muy habilidosa el conflicto con Colombia, derivado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de noviembre de 2012 y le está sacando buen provecho político.
Aprovechando la arrogancia del gobierno colombiano, de no querer acatar la sentencia del tribunal mundial que es de ineludible cumplimiento, Daniel Ortega se ha proyectado exteriormente como el gran respetuoso del derecho internacional y promotor de que los demás gobernantes lo respeten. Sin embargo, dentro de Nicaragua Ortega se distingue precisamente por lo contrario, es decir, por irrespetar y desacatar las leyes, incluso la norma jurídica suprema de la nación que es la Constitución Política de la República.
La misma permanencia de Ortega en el poder es inconstitucional, ilegal e ilegítima. Él impuso su reelección presidencial para el período 2012-2017 a pesar de que se lo prohíbe la Constitución de manera expresa, pues fue presidente en el período anterior (2007-2012) y lo había sido ya en el período de 1985 a 1990. Es oportuno recordar al respecto, que el artículo 147 de la Constitución dice en su numeral 4) que “no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.
Daniel Ortega pretendió legalizar y legitimar su espuria reelección presidencial, ordenando a su Corte Suprema de Justicia que declarara sin validez la mencionada cláusula del Arto. 147 de la Constitución, lo cual significó de hecho una reforma constitucional que de derecho solo puede ser aprobada por la Asamblea Nacional. A partir de allí, el gobierno inconstitucional e ilegítimo de Daniel Ortega ha venido perpetrando una sarta de violaciones a la ley y a la misma Constitución nacional.
No alcanzan en este espacio todas las cuentas de ese rosario de violaciones a la Constitución y la ley, que ha perpetrado y sigue perpetrando Ortega para mantenerse y afianzarse en el poder. Pero sí podemos y debemos mencionar algunas otras de ellas, como, por ejemplo, suprimir la separación e independencia de los poderes del Estado y la autonomía municipal; corromper el sistema electoral; mantener en sus cargos a funcionarios con períodos vencidos, a quienes de acuerdo con la Constitución solo la Asamblea Nacional los puede reelegir o prorrogar sus mandatos; mantener también en su cargo a la jefa de la Policía Nacional, a pesar de que el Arto. 88 de la Ley 228 solo le permite ejercer un período; eludir el mandato constitucional de someter a confirmación parlamentaria el nombramiento de ministros, embajadores y otros funcionarios que son nombrados por el poder ejecutivo; aprobar un tratado canalero que hipoteca la soberanía nacional y contiene al menos 40 violaciones a la Constitución, etc., etc.
Pero a pesar de ser un violador empedernido de la ley de Nicaragua, Ortega se ha erigido en paladín del derecho internacional gracias a que el gobierno colombiano no ha querido acatar la sentencia de La Haya del 19 de noviembre del año pasado, porque fue desfavorable a Colombia. Daniel Ortega es, pues, candil de la calle y oscuridad de su casa, como dice el antiguo proverbio en relación con alguien que en su casa se comporta como lo peor, pero afuera se muestra como lo mejor.
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