Desde mediados de la semana pasada Venezuela quedó autoexcluida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hace un año, cuando todavía estaba vivo Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela renunció a sus obligaciones con la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, pero tenía que pasar un año para que la renuncia fuera efectiva. Ahora los venezolanos han quedado en total indefensión de sus derechos personales y civiles, pues la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los únicos órganos jurídicos independientes que en este ámbito tan importante existen en las Américas y el Caribe .
Es cierto que, igual que todos los países miembros de las Naciones Unidas, para Venezuela tiene competencia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo este Consejo no es independiente ni confiable, pues se integra con representantes de gobiernos que en muchos casos son despiadados violadores de los derechos humanos. Si gobiernos que se distinguen por no respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, como son por ejemplo los de Cuba, China, Rusia y Azerbaiyán, sin embargo son integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo se podría esperar que este defienda a las víctimas de atropellos gubernamentales?
Precisamente la singular importancia que tienen la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radica en que aunque forman parte de la Organización de Estados Americanos, sin embargo son independientes de los gobiernos que integran la OEA. De allí que el gobierno de Venezuela tenga pendientes de cumplimiento 16 sentencias condenatorias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales fueron dictadas desde 1995 hasta 2013.
A eso se debe que el gobierno de Venezuela haya decidido huir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía tendrá que examinar y pronunciarse sobre la denuncia de fraude electoral en la elección presidencial venezolana del 14 de abril pasado, la cual fue interpuesta por el líder democrático Henrique Capriles un día antes de que Venezuela quedara autoexcluida de sus obligaciones con el Pacto de San José, las cuales, dicho sea de paso, están consagradas como normas constitucionales venezolanas.
Como pretexto para desconocer el sistema de protección de los Derechos Humanos en el hemisferio occidental, el gobierno de Venezuela alega que este sirve a los intereses del imperialismo de Estados Unidos. Sin embargo, basta revisar aunque sea en forma somera la historia y la actuación de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para comprobar que sus resoluciones y fallos han sido siempre en defensa de los ciudadanos y contra los abusos gubernamentales, inclusive los que se cometen en Estados Unidos.
En realidad, el supuesto antimperialismo es tan solo un pretexto de gobernantes represivos para justificar sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, del mismo modo que invocan la autodeterminación nacional para que sus crímenes queden impunes. Esto lo saben muy bien los gobernantes democráticos de las Américas, pero al parecer le tienen miedo a los nuevos dictadores y guardan silencio ante hechos tan graves, como este de que el pueblo de Venezuela haya quedado fuera del sistema regional de protección de los derechos humanos.
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