Edgard Genie
Todo indica que la canciller colombiana María Ángela Holguín, con su equipo de abogados quiere darle un giro al derecho internacional al estilo del Sacro Emperador Romano Justiniano. ¿Estaremos ante el paradigma de un nuevo Corpus Juris Civilis? Por lo visto, parece que todos los argumentos del gobierno de Colombia “conducen a Roma”.
La desinformación en Colombia, en torno al fallo de la Corte Internacional de Justicia no tiene límites. La mayoría de los medios de información se encuentran atrapados en el entramado de especulación e incertidumbre. Entre tanto, los ataques no se hacen esperar con acusaciones de toda naturaleza contra la Corte y Nicaragua.
Terminología como “aguas en litigio” y eufemismos empleados para desinformar y ocultar la verdad, se reproducen en los medios de comunicación en Colombia. Se dice que la semántica ayuda a estos infortunios. La revista Semana, patrimonio de la familia Santos, su director Alejandro Santos Rubino, primo del presidente Juan Manuel Santos, no ajena al contexto electoral, enfila cañones y a crear un escudo de contención alrededor del Palacio de Nariño de cara al fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Propuestas inverosímiles, tesis cargadas de sutilezas y desprovistas de toda lógica jurídica, resaltan la capacidad ilusoria de las improvisaciones sucesivas de la ministra Holguín. Por ahora, los sofismas son la fortaleza de las tácticas dilatorias del gobierno de Santos. María Ángela Holguín no evade las entrevistas, pero es muy ágil para despistar a los periodistas. Encontrar un periodista medio preparado en derecho del mar o delimitación marítima en Colombia, es como encontrar una aguja en un pajar y la ministra se ha vuelto experta en redefinir y hacer un popurrí de conceptos.
No es un secreto que los periodistas salen más confundidos después de una entrevista con la ministra, quien muy hábil mezcla los conceptos: líneas de base con la línea de la equidistancia, archipiélago con Estado archipiélago, aguas internacionales con aguas territoriales, zona económica exclusiva con zona contigua, cayos con islas, e incluso parece que ya encontró la fórmula para cambiar la morfología de los océanos, por eso no es una casualidad que su nuevo planteamiento sobre las plataformas que se empalman, sorprenda a más de un escéptico. Vender la falacia de que Colombia tiene dos plataformas continentales, es ser muy intrépido. Y con razón, uno se pregunta por qué el gobierno colombiano dice que la sentencia de La Haya es de difícil implementación. Obviamente, lo importante es ganar tiempo para la reelección.
Expresidentes, congresistas, políticos y gobierno, cada quien por su lado, buscan como ganar réditos políticos. Algunos lo hacen con el fin de evadir la responsabilidades. A pesar de este ambiente hostil contra Nicaragua, hay que decir que Colombia cuenta con grandes académicos, profesionales del derecho e internacionalistas, que a diferencia de otros, han llamado a la reflexión y exhortan al gobierno a que acepte la realidad del fallo de La Haya.
En medio de la “tormenta” — como llamó Santos a la crisis que vive su gobierno— con paros, protestas, desempleo, deterioro de la seguridad ciudadana, un proceso de paz tambaleante y cuestionado, lluvia de críticas por el manejo del caso con Nicaragua, las explicaciones ambiguas y las evasivas se diluyen en la medida de que se agota el tiempo. Hay quienes responsabilizan de esta “tragedia” al gobierno actual y otros extienden su reclamo a los gobiernos que lo antecedieron. Apenas a unos cuantos días de estar paralizado casi todo el país a cuenta de los paros y protestas de campesinos, congresistas intentaron impulsar una moción de censura contra la ministra Holguín, pero no prosperó. Los reclamos y las acusaciones también están dirigidos contra los expresidentes Pastrana y Uribe.
El gobierno de Santos se ha dado a la tarea de desvirtuar su compromiso de cara a la comunidad internacional. No hay que olvidar que Colombia es miembro de la ONU, Estado firmante de la Carta de las Naciones Unidas. Esto es una realidad que por mucha frustración y cantos de guerra no se puede ignorar.
La influencia de algunos líderes de opinión ha sido crucial para que vuelva aflorar en la conciencia colectiva, un nacionalismo arraigado de la época en que se proclamó la separación de Panamá. El temor es latente todavía, el miedo a perder San Andrés es un perfecto factor de disuasión para instigar a la confrontación y alentar un sentimiento xenofóbico que se pretende instrumentalizar en el pensamiento colectivo de la sociedad.
Desde que se conoció el fallo, la ambigüedad y las imprecisiones del gobierno de Santos no se hicieron esperar. En un inicio se prometió a los colombianos que la “soberanía” se haría respetar, que se estudiaría la sentencia. Después anunció la conformación de un nuevo equipo de abogados y la contratación de firmas extranjeras con el objetivo de saber cuáles eran las opciones que tenía Colombia. El informe daría unas recomendaciones sobre las medidas a tomar y que deberían blindar al gobierno frente al fallo y los “ataques de Nicaragua”. El diagnóstico ya lo tiene el gobierno: cumplir los compromisos internacionales. Sin embargo, los colombianos siguen esperando las medidas que adoptará el gobierno frente al fallo.
Pero como dicen los colombianos, coloquialmente: “No hay que seguirla embarrando”. ¿Fueron los asesores colombianos desde 1928 y en lo sucesivo, quienes ocultaron información a los diferentes gobiernos de Colombia? ¿Hasta dónde sabían los asesores y los diferentes gobiernos, que existían todas las probabilidades de un fallo adverso a las pretensiones de Colombia? No se descarta que para la campaña electoral que pronto se avecina en Colombia, las aguas se agiten con llamados xenofóbicos disfrazados de discursos patrióticos y diremos que todos los caminos “conducen a San Andrés”. El autor es Jurista Internacional. Exdiplomático y consultor en Colombia.
