En días pasados se realizó la cuarta sesión de trabajo entre el presidente Ortega, su gabinete económico y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dándole continuidad a un esquema de trabajo que permite que el sector privado presente su agenda gremial empresarial al jefe de Gobierno, y se derive de ahí un plan de trabajo que se coordina y se le da seguimiento a través de una instancia ad hoc, denominada Comisión de Seguimiento.
Esta dinámica tiene su antecedente en el año 2009, cuando Cosep en medio de la crisis financiera mundial elaboró una agenda inédita que planteaba dos compromisos esenciales ante la nación. El primero, mantenimiento del crecimiento económico y protección del empleo para contribuir al desarrollo social en el marco de un Estado democrático de Derecho.
Y el segundo, promover y fomentar el sistema de libre empresa como instrumento para el desarrollo económico y social de la nación; todo sustentado en la defensa del “modelo de las libertades”: libertad de organización, libertad de movilización, libertad de expresión y libertad de prensa.
Esa “agenda” como se puede fácilmente advertir, fue un instrumento de trabajo clave para enfrentar y mejorar en el 2009, un clima de negocios deteriorado por un debilitamiento de la institucionalidad y un cambio permanente en las reglas del juego en la operatividad empresarial, que no permitía articular la agenda gremial con la agenda de gobierno; todo ello, producto de la desconfianza mutua fundada en los años ochenta.
Desde ese momento se comprendía en el Cosep, que había que trabajar en dos direcciones básicas para evitar que esa “desconfianza” nos anclara en el pasado y nos obnubilara nuestra visión de futuro. Había entonces que darle un giro a nuestra “cultura nacional”, de evitar que la agenda política partidaria siguiera siendo la prioridad en el país en detrimento de la agenda económica, es decir, había que darla a la agenda económica igual prioridad que a la política.
Otro paso que había que dar era restablecer la confianza entre sector privado y Gobierno, con el objetivo de buscar la mejora del clima de negocios que condujera a alcanzar bajo el esquema del “diálogo” puntos de consenso para la formulación de políticas públicas de Estado que permitieran delinear el presente y el futuro inmediato y mediato del país.
Los resultados de ese mecanismo de diálogo desde el punto de vista económico ahí están, solo la “estrechez” y la mezquindad del análisis e interés ideológico “opositor” pretenden mediáticamente opacarlo. Ahí están las exportaciones, las inversiones, el empleo y creciendo a pesar de ellos, pero en beneficio de todos los nicaragüenses. Y por eso ahora, Cosep ha presentado una agenda estratégica (2013-2016) que expone las bases que el sector privado considera son necesarias para potenciar el desarrollo político, económico y social que el país requiere.
El mecanismo “per se” también se quiere descalificar, se habla que desde el sector privado se está promoviendo un “Estado corporativo fascista”, se hace alusión a un “cogobierno”, se afirma que se “avala el autoritarismo”, y hasta se habla de “plutocracia”.
Esas descalificaciones pretenden hacer creer que el haberse optado por el diálogo y el consenso entre Gobierno y sector privado se ha caído por los empresarios en el “irresistible encanto del crecimiento autoritario”, que se ha “olvidado” el Estado democrático de Derecho y que esos principios son “adornos prescindibles” para los mismos. Y con ello, pretenden ensombrecer el verdadero resultado de ese “esquema” exitoso, por el cual se ha institucionalizado y reconocido desde el Estado que el sector privado es el motor del crecimiento y el desarrollo de este país.
Lo cierto es que esa “diatriba” se utiliza mediáticamente para presionar al sector privado para que “genere la cuota inevitable de inestabilidad” que ellos le exigen para que contribuya a debilitar al Gobierno; lo cual es un planteamiento temerario e irresponsable, ya que la inestabilidad sabemos todos los nicaragüenses, solamente acarrea atraso, miseria y sufrimiento.
Pero además, ignora un principio básico que la Carta Democrática de la OEA ha postulado, y es que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”, y por ello se acepte innegablemente por los sistemas democráticos, que la institucionalidad económica también importa. El autor es representante del sector privado en el BCN
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