Uno de los puntos más relevantes de la reunión de la semana pasada, de representantes del sector empresarial privado con Daniel Ortega, fue la promesa de este de que va a institucionalizar y a darle rango constitucional al mecanismo de negociación y acuerdos del Gobierno con los empresarios, el cual ha venido funcionando como una comisión de seguimiento integrada por el presidente del Cosep y el asesor económico presidencial.
Pero institucionalizar ese mecanismo no requiere de una reforma constitucional. La comisión de seguimiento ha funcionado normalmente y de manera beneficiosa para ambas partes, sin que haya siquiera una ley ordinaria sobre la materia. Y según se sabe lo que ha pedido el Cosep es que ese mecanismo se reproduzca en los distintos sectores de interés empresarial, o sea, crear comisiones de negociación y seguimiento para el sector agropecuario, el industrial, el comercial, el de turismo, etc.
Si el gobierno de Daniel Ortega fuese respetuoso de la Constitución, pondría a funcionar el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), en el que tienen derecho de participar no solo los empresarios sino también los demás sectores sociales, y le daría la eficacia que tal vez no tuvo en los gobiernos anteriores. Pero eso significaría democratizar el ejercicio del poder presidencial, y además, tampoco a los empresarios que negocian y hacen acuerdos con el Gobierno les interesaría entenderse con este por medio del Conpes.
En todo caso, lo dicho por Ortega acerca de reformar la Constitución para institucionalizar el mecanismo de entendimiento del Gobierno con la cúpula empresarial, es un pretexto. Lo que realmente le interesa es el respaldo de los empresarios para una reforma constitucional de gran calado, en primer lugar para satisfacer la exigencia de Wang Jing de garantizar en la Constitución la concesión canalera, como quedó establecido en la Ley 840. Pero sobre todo Ortega quiere que los empresarios apoyen la reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial indefinida y los amplios poderes presidenciales que estaban permitidos en la Constitución sandinista de 1987, pero fueron recortados por la reforma constitucional democrática de 1995.
De hecho todas las reformas democráticas que se hicieron a la Constitución en aquella ocasión, impulsadas por la UNO, están en el punto de mira de Ortega. Incluso la cláusula de que los nombramientos de ministros, embajadores y otros cargos superiores del Estado tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional, la cual fue aceptada por Ortega en su pacto con el expresidente Arnoldo Alemán para recuperar el poder con solo el 35 por ciento de los votos, aunque de todas maneras no la cumple Ortega prefiere hacerla desaparecer con la nueva reforma constitucional que se está fraguando. Y la joya de la corona constitucional para Ortega, sería imponer el sistema político corporativo, de corte fascista, con el cual viene soñando desde que recuperó el poder en 2007.
Siempre hemos dicho que Ortega, en su afán de poder absoluto y vitalicio, llegará hasta donde pueda y se le permita llegar. Sin tener límites de ninguna clase, Daniel Ortega podría incluso imponer en la Constitución la regla del poder presidencial vitalicio y su sucesión dinástica, como existe en la Cuba castrista y Corea del Norte.
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