Ayer fue el Día de la Constitución de Nicaragua. Así lo establece la Ley 201 que fue promulgada el 19 de septiembre de 1995, cinco meses después de que se pusieran en vigor las reformas constitucionales democráticas de ese mismo año.
De acuerdo con la Ley 201, el primer lunes de septiembre de cada año se debe rendir homenaje a la Constitución principalmente por medio de su divulgación, enseñanza y estudio. Sin embargo, prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces, y sobre todo el actual de Daniel Ortega, han ignorado dicha Ley y no han celebrado el Día de la Constitución.
Incluso personas democráticas que impugnan la presidencia de Daniel Ortega precisamente por su naturaleza inconstitucional —pues se impuso en el poder violando el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial en períodos seguidos y por más de dos veces—, dicen que no celebran este día porque según ellos no hay nada que celebrar. Al parecer entienden que celebrar es solo hacer fiestas, banquetes y desfiles pomposos, como los que hace el Ejército en estos días.
Pero la ley no dice que el Día de la Constitución se debe celebrar con francachelas, sino con jornadas de estudio, enseñanza, divulgación y reflexión sobre la misma Constitución. Y en las circunstancias actuales se debería celebrar, como hicieron ayer algunos ciudadanos, con protestas contra los atropellos del Gobierno a la Constitución, que son tantos que parecen política de Estado.
Según la doctrina constitucional democrática, la Constitución no debe ser impuesta ni concedida por el poderoso, sino acordada por los distintos sectores del pueblo. La Constitución es un mecanismo de unión que se construye en el seno de la nación. En ella se contienen los acuerdos sociales básicos que, inspirados en una comprensión unificadora del pasado compartido, se proyectan con vigor patriótico hacia el futuro. A la luz de ese concepto hay que preguntarse si la Constitución de Nicaragua cumple actualmente esos requisitos indispensables de toda carta constitucional democrática. Y la respuesta es fácil, porque es obvio que la Constitución no está cumpliendo una función unificadora, ni representa valores compartidos del pasado y por lo consiguiente mal podría convertirlos en ideales de futuro para todos los nicaragüenses, ni siquiera para la mayoría de ellos.
Si Daniel Ortega y su partido violan la Constitución de manera flagrante y descarada, es porque no se sienten representados por ella. Ortega no reconoce las reformas constitucionales de 1995, que introdujeron en la Constitución sandinista de 1987 reglas democráticas básicas como, por ejemplo, la prohibición o restricción de la reelección presidencial, el recorte de los poderes presidenciales excesivos, la consagración de la independencia de los poderes del Estado y la profesionalización y despolitización de los cuerpos armados del país.
Ortega solo acata las normas constitucionales que le convienen, o aquellas que no son un obstáculo a su propósito de detentar el poder para siempre. De manera que la Constitución —la actual, u otra que quizás sea necesario promulgar en el futuro— solo podrá ser instrumento unificador de la nación y representar las aspiraciones comunes del pueblo, cuando se haga una catarsis del pasado y no haya más un gobierno como el de Ortega, sino otro que sea genuinamente democrático.
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